1. Certificación Marine Stewardship Council (MSC)

De acuerdo con la información facilitada por MSC, 59 barcos de cerco que se dedican a la captura de la sardina en el Golfo de Vizcaya han conseguido, después de estar sometidos a evaluación durante dos años y medio, esta certificación, que está considerada una de las más exigentes del mundo y garantiza el cumplimiento con el compromiso de desarrollar una actividad pesquera que garantice la sostenibilidad del recurso. Esta es la tercera certificación que logran, después de conseguir la de la anchoa y la del bonito del norte.

La cantidad de kilos aproximados de sardina desembarcados por la referida flota en el año 2016 asciende a unas 3.800 toneladas.

El proceso de evaluación comenzó en julio de 2014 y ha sido llevado a término a través de una auditoría independiente. La empresa auditora ha mantenido, a lo largo del mencionado proceso, una serie de reuniones con los grupos de interés, incluyendo a organismos científicos como el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria AZTI, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cantabria.

2. El conflicto de Lactalis en Francia

Hace unas fechas, cinco ganaderos franceses participaron en un programa de televisión en el cual se quejaron del precio al que les estaba pagando Lactalis su leche (es obvio que muchos de nuestros ganaderos podrían hacer lo mismo, si nos atenemos a este parámetro del precio que perciben por su leche).

Las consecuencias de este programa de TV no se han hecho esperar y Lactalis ha comunicado a estos ganaderos, con un preaviso de 12 meses, que, a partir de febrero de 2018, dejará de comprarles la leche de sus vacas.

A pesar del tiempo que disponen, los ganaderos afectados consideran, por las circunstancias que aquí concurren, que les va a ser muy difícil encontrar a otro primer comprador y, por este motivo, dudan seriamente de la viabilidad futura de sus ganaderías.

El gobierno francés, por una parte, ha condenado la actuación de Lactalis y, por otra, ha pedido al Mediador que actúe con el fin de intentar solucionar este problema. Precisamente el Mediador francés de las relaciones comerciales ha pedido a las partes, en un momento que se están renegociando muchos contratos, que en ellos se incluya una cláusula de rescisión de los mismos que sea amigable y que proteja, en la medida de lo posible, los intereses de los ganaderos (lo que no ha dicho es cómo debe ser esta cláusula, que, de entrada y obviamente, no gusta a los primeros compradores).

Todo lo que ha venido sucediendo en este sector es una muestra más de que los contratos, en ausencia de una cadena de valor, carecen de la suficiente eficiencia y eficacia y, no pocas veces, no ejercen su “papel protector” para el ganadero. Así, en Francia, hay contratos que se están firmando a precios inferiores a los del año pasado, a pesar de que los costes de producción han aumentado (bien es cierto que la cadena de distribución Système U, que se ha venido caracterizando por ser una de las empresas de distribución más preocupadas por el devenir de los ganaderos, ha notificado a sus proveedores de leche que, en sus ofertas, les informen acerca de cuál es el precio al que ellos pagan a los ganaderos.

En España, según ha informado la OPL, Nestlé bajará precios a partir del 1 de abril.

3. España y la Red Natura

De acuerdo con las declaraciones del director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja Crespo, y de la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, realizadas en el Foro Internacional sobre la Contribución de la Industria Extractiva a la Red Natura 2000, España es el país europeo que más superficie aporta a la Red Natura 2000, el proyecto de conservación de la naturaleza en la Unión Europea que constituye el conjunto de áreas naturales protegidas más extenso del mundo.

La Red Natura 2000 está concebida, de acuerdo con su propia esencia, como una red de “Hombre y Naturaleza”.  El reto que tiene planteado es el de disminuir la pérdida de la diversidad biológica y el de cumplir con los objetivos marcados a nivel global.

Por esta razón, a pesar de los recelos que despierta en ciertos colectivos y zonas, no debe considerarse nunca como un obstáculo para el desarrollo. Se debe entender que la Red Natura propugna un crecimiento sostenible, buscando compaginar y armonizar el desarrollo con el respeto al medio ambiente. En este sentido, cabe pensar que una Red bien ordenada y bien gestionada puede constituir una fuente de oportunidades profesionales para las personas que están en ella ubicadas.

El Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea puso especial énfasis en destacar que “España es el país de la Unión Europea que más se ha comprometido en la defensa de la naturaleza, de la biodiversidad, designando espacios y zonas naturales que van 10 puntos por encima del porcentaje de la U.E. – 28”.

A su vez, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha detallado que España, efectivamente, “es el Estado que aporta una mayor superficie terrestre al conjunto de la red europea, con un 18 por 100  del total, y España ahora también está a la cabeza en la conservación de nuestros mares, gracias al enorme impulso del Gobierno en este ámbito, con la creación de 39 zonas protegidas para aves marinas, la creación de 9 nuevos enclaves marinos protegidos, a los que en breve se sumará un décimo”.

España cuenta actualmente con 1.863 espacios en la Red Natura 2000, lo que implica a unos 220.000 kilómetros cuadrados, que vienen a representar más de un 27 por 100 de la superficie terrestre española y cerca de un 9 por 100 de nuestras aguas marinas.

El siguiente objetivo, en este marco, es completar la declaración de las Zonas de Especial Conservación (ZEC), con la consiguiente adopción de sus planes y medidas de conservación. En la actualidad, el 74 por 100 de los 1.466 Lugares de Importancia Comunitaria españoles ya han sido declarados Zonas de Especial Conservación.

4. Algunas consecuencias del Brexit en la PAC

Aunque aún es pronto para llegar a conclusiones definitivas en este capítulo, dado que se desconoce la dimensión real del Brexit y los acuerdos bilaterales que pueden cerrase, una primera evaluación realizada por una serie de eurodiputados, que ha dado lugar a un informe elaborado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, considera que la salida del Reino Unido de la U.E. afectará al Presupuesto de la Política Agraria Común en una cantidad que puede oscilar entre los 1.200 y los 3.100 millones de euros (como ya se ha comentado con anterioridad en esta misma Tribuna Informativa). El Reino Unido (aun teniendo en cuenta el “descuento del cheque británico”) es un contribuyente neto al presupuesto global de la Unión Europea y también es contribuyente neto al presupuesto de la Política Agraria Común.

Concretando, si finalmente el Brexit se hace efectivo, como actualmente está previsto, en el año 2019, los restantes Estados (de la resultante U.E. – 27) tendrán que reajustar el marco financiero plurianual, cuya vigencia es hasta el año 2020, suponiendo, como parece lógico, la continuidad de los pagos directos y las regulaciones de las ayudas al desarrollo rural.

Por otra parte, cabe pensar, como también se ha comentado con anterioridad, que el Brexit tendrá un efecto en los precios y en las cantidades presentes en el mercado común de la U.E. Obviamente, la incidencia no será lineal sino que estará en función del peso relativo de las distintas producciones ganaderas y agrícolas del Reino Unido.

Por otra parte, el Brexit puede afectar significativamente a los acuerdos alcanzados hasta ahora por la U.E. – 28 con terceros países (por ejemplo, el CETA, con Canadá o el que se está negociando actualmente con el Mercosur, considerando, en esta hipótesis de trabajo, que van a ser rectificados por los distintos Parlamentos de los Estados Miembros).

Por último, en el marco de estas reflexiones, los eurodiputados se preguntan si la administración británica será capaz de negociar la gran cantidad de acuerdos comerciales que será necesario afrontar, a corto plazo, tras el Brexit, no sólo con la U.E. resultante sino también con Países Terceros.

5. El nuevo contrato lácteo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 9 de febrero la Orden que especifica los volúmenes, el calendario y la modalidad de recogida o los asuntos referentes al control de la calidad y la trazabilidad de la leche.

Paralelamente, entra en vigor un nuevo contrato tipo en el que se deben basar las relaciones contractuales entre los productores y la industria. Su validez es por un período mínimo de un año y en él los precios deberán ser acordados por las partes para que se liquiden a cotización fija, variable o mixta.

El documento especifica que, en el caso de que se utilicen índices de referencia o parámetros específicos, estos deberán incluirse de manera clara (inequívoca) y, en todos los casos, deberán ser «objetivos, verificables, no manipulables y procederán de fuentes públicas y accesibles por las partes».

En cuanto a precios, en el contrato deja una vez más claro que el precio fijo es aquel que no varía ni depende de ningún índice, independientemente de que puedan ser distintos precios en función del volumen. Por su parte, el precio variable es el que fluctúa, dependiendo de la variación de uno o más índices o parámetros, mientras que el precio mixto, como su propio nombre indica, se compone de una parte fija y una parte variable.

En lo que atañe a la duración del contrato, se detalla que los contratos en los que participe como suministrador un productor tendrán una duración mínima de un año, incluyéndose la opción de renovarlo automáticamente por periodos iguales a los inicialmente pactados, a no ser que cualquiera de las partes implicadas notifique expresamente a la otra su voluntad de no renovarlo al menos tres meses antes de la fecha de finalización o, por el contrario, optar por la finalización automática. En este caso, la relación contractual concluirá de manera automática a la finalización del plazo pactado.

No obstante, todo productor podrá rechazar la mencionada duración mínima cuando existan supuestos debidamente justificados. Los mismos deberán ser notificados, a la mayor brevedad posible, a la autoridad competente de la comunidad autónoma donde radique la explotación del productor en cuestión.

La pregunta del millón es si los nuevos contratos tendrán una repercusión positiva real, como se pretende, o sucederá lo mismo que con los anteriores.