También se muestra preocupada por la pequeña reducción experimentada por la deuda pública (muy cerca aún del 100 por del PIB). Por esta razón, propone imprimir mayor ritmo en la rebaja del endeudamiento de las administraciones, mientras la economía siga creciendo: “todos los ingresos extraordinarios deberían destinarse a reducir el ratio de deuda sobre PIB”.

Paralelamente, ha defendido la subida del salario mínimo del 22 por 100, dado que el ajuste “de una sola vez” sirve para “poner al día” un factor que sirve como forma de valorarse respecto a los países con los que se compite”.

El mencionado informe, que afronta muchos aspectos, también reconoce que un gobierno en minoría puede “tener dificultades para impulsar el programa nacional de reformas, por lo que también podría repercutir negativamente en las previsiones de crecimiento”.

Entre los factores de riesgo, también señala una prolongada incertidumbre política en Catalunya (si aumenta la tensión es posible “dañar” la confianza y el turismo, además de “desviar la atención” sobre las reformas, el aumento del proteccionismo o el Brexit.

A pesar de la fragmentación parlamentaria, el organismo insiste en que se debe avanzar en las reformas ahora que el crecimiento económico se va desacelerando paulatinamente. Las recomendaciones tributarias pasan por trasladar parte de la carga impositiva al IVA y los impuestos medioambientales, mientras que se inclinan por reducir, por ejemplo, las cotizaciones para los indefinidos con los sueldos más bajos (lo que difiere significativamente de los planes del Gobierno, que se inclina por elevar las cuotas máximas. Además, apoya aumentar el impuesto de sucesiones para los contribuyentes más ricos y que el gobierno central fije tipos mínimos comunes).

En lo que se refiere al sistema de las pensiones, la organización de los países más industrializados se une a las voces que reclaman un endurecimiento de las condiciones para obtener una prestación pública por jubilación. Además, ante la “presión” sobre las cuentas públicas que va a producir el paulatino envejecimiento de la población, la OCDE pide ampliar el tiempo a tener en cuenta en el cálculo de la prestación hasta toda la vida laboral, exige más años para cobrar la pensión íntegra y solicita elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. También insiste en facilitar la compatibilidad entre pensión y salario, sin penalizaciones para los jubilados que sigan trabajando.