Este es un tema que ya lleva tiempo “coleando”. Por esta razón, el sector cárnico español, hablando en términos generales, está muy tensionado e, incluso, alarmado por las actuaciones e inspecciones que está desarrollando el Ministerio de Empleo en esta industria, por lo que cabe la posibilidad de que tengan consecuencias muy negativas y así se lo ha hecho saber al propio Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).

En este contexto, debe tenerse en cuenta que la industria cárnica representa actualmente el cuarto sector industrial del país, con una cifra de negocio de 24.000 millones de euros, lo que supone el 22,3 por 100 de la facturación y el 24,3 por 100 del empleo de todo el sector alimentario español. Además, el sector cárnico presenta una balanza comercial muy positiva (de cerca de 5.000 millones de euros en 2017) y genera una importante riqueza económica y social, no solo en la industria sino en toda la cadena cárnica; es decir, desde el eslabón productor hasta el eslabón comercial.

En opinión de ANICE, las acciones que ha planteado la Inspección de Trabajo, amparándose en una previsible «descalificación de las cooperativas», puede suponer un fraude de ley y, paralelamente, una actuación viciada desde el inicio, en tanto que esta situación no está ratificada judicialmente, por lo que solo da lugar a una conflictividad mayor a la ya existente.

En el sector cárnico, la mencionada fórmula legal de contratación de los servicios es de una gran trascendencia, dado que se trata, ni más ni menos, de un sector que es el primer empleador de la industria alimentaria, con casi 100.000 empleos directos y con una importante proyección internacional y dependencia de las exportaciones.

Legislación en mano, y así lo ha expresado la propia ANICE, es evidente la corrección de las cooperativas de trabajo asociado, modelo que ha defendido, en todos los foros, como un ejemplo del uso correcto y lícito de todas las fórmulas de contratación de servicios que están recogidas en la normativa laboral.

También ANICE lo ha manifestado públicamente, incluso en comunicados conjuntos firmados con las principales organizaciones sindicales, en los que el sector ha rechazado y rechaza tajantemente tanto las falsas cooperativas como el mal uso de esta figura de cooperativa, y está en condiciones de avanzar con el objetivo de preparar una mejor regulación, dentro y fuera del convenio que actualmente regula las relaciones laborales en las industrias cárnicas.

ANICE ha manifestado que: “las cooperativas de trabajo asociado son una fórmula lícita y evaluada tanto administrativa como judicialmente y, por lo tanto, no es admisible que se intente cercenar su uso en las empresas por la vía de los ‘hechos consumados’ sin permitir que el sector, a través de sus organizaciones empresariales, pueda manifestar su posición sobre la cuestión y las diferentes propuestas sobre las cuales ha estado trabajando”.

No debe minusvalorarse en ningún momento el hecho de que las cooperativas de trabajo son un instrumento que proporciona flexibilidad y permite a las empresas competir en los complejos y duros mercados internacionales, en los que consiguen generar valor con su actividad exportadora para crear empleo estable en nuestro país.

ANICE también ha manifestado que: “se está trabajando desde hace meses en la búsqueda de soluciones que permitan una mejor regulación de las Cooperativas de trabajo asociado y, por lo tanto, escuchar a las organizaciones sindicales y no a las organizaciones empresariales que, en definitiva, son las que pueden aportar soluciones para progresar a futuro, constituye una irresponsabilidad, tanto política como social. Las cuestiones que han afectado o pueden afectar al sector en el futuro se deben abordar a través del diálogo social, como se ha venido haciendo hasta ahora”.

Es importante señalar que la fórmula que están planteando las organizaciones sindicales frente a las cooperativas de trabajo asociado es una forma de generar un desempleo directo. A las empresas les va a ser de todo punto imposible asumir ni el incremento de costes que la propuesta sindical lleva aparejado ni los descensos en productividad. Ello se traduciría en una caída en la actividad y del propio empleo en la industria cárnica, con unas muy negativas consecuencias para el conjunto del sector, incluidos los ganaderos y las empresas de maquinaria y servicios.

Se trata, sin duda, de una situación muy compleja, en cierta medida “enquistada”, que requerirá de un importante esfuerzo por parte de todos los actores implicados, incluido el Gobierno de la Nación, para intentar hallar la solución adecuada a corto/medio plazo.