El viernes pasado, los representantes de los Estados de la Unión Europea (U.E, – 28) dieron luz verde a la propuesta de la Comisión Europea para restringir el uso agrícola de pesticidas, aunque lo cierto es, partiendo de los criterios de evaluación extremadamente conservadores de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en cuyos informes más recientes sobre la evaluación del riesgo para las abejas no se constataron riesgos elevados para muchos usos de neonicotinoides en los que pudiera llegarse a una conclusión de que había un peligro definitivo para las abejas (es más en muchos de los casos analizados, solo se encontraron riesgos reducidos para las abejas melíferas y, en la mayoría de los casos, también riesgos reducidos para las abejas silvestres).

Esta decisión da una respuesta positiva a las demandas realizadas por distintas organizaciones, incluida Greenpeace, firmante también de la carta abierta que se hizo llegar a la Ministra, a la que añadió una acción de protesta llevando cerca de 20 kg de abejas muertas a las puertas del Ministerio de Agricultura.

La nueva regulación será adoptada en las próximas semanas y entrará en vigor a finales del presente año 2018, según ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

Como era de esperar, las reacciones en contra de esta decisión han sido inmediatas. Así, las secciones agrarias de las organizaciones Asaja y UPA han expresado su temor a las repercusiones negativas de índole económica y de gestión que puede tener la decisión tomada para los agricultores en espacios abiertos en los que operan las abejas.

Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), el técnico José Ramón ha apuntado que “no se conoce lo suficiente el efecto de los pesticidas sobre la población de las abejas como para atribuirle a los neonicotinoides toda esta situación; no queremos dejar desprotegidas a otras áreas que tienen un importante peso en la producción española”.

También ha vaticinado algunas consecuencias de esta medida, como que quizás haya que emplear más tratamientos de otras sustancias para combatir las plagas y enfermedades de las plantas.

Por su parte, desde UPA, que ha admitido que es una buena noticia para los apicultores porque redundará en una mejora de la salud de las abejas, pero considera que la mencionada prohibición “genera grandes incertidumbres” a los agricultores que usaban esos productos para luchar contra plagas, que “son y seguirán siendo un problema real” para la obtención de alimentos. “De entrada. habrá un incremento de costes, ya que las pocas alternativas que existan serán más caras”, según las fuentes, quienes han añadido que el productor deberá asumir ese gasto y luego “tendrá muy difícil” repercutir el encarecimiento en sus productos.

En este contexto, UOA ha pedido a la UE y a los Gobiernos que impulsaron el veto “que inviertan ahora en investigación” para ayudar al agricultor a buscar sustitutos para esos pesticidas; “se trata de sustancias muy comunes en la agricultura intensiva y su principal función es proteger los cultivos de las plagas, aunque según diversos estudios científicos, son también responsables de alterar las poblaciones de abejas”.

Desde el COPA y la COGECA también se ha emitido una nota de prensa en la que, por una parte, valoran la labor de las abejas en la polinización de los cultivos y su aportación a la garantía de preservar la biodiversidad, pero, por otra, opinan que se deberían haber dado alternativas y, lo más importante, no hacerlo extensivo a todos los cultivos.

También Bayer se ha pronunciado al respecto, calificando lo acontecido como una mala noticia para la agricultura europea e insistiendo en que las restricciones no están justificadas. Según Bayer, “los neonicotinoides son seguros cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.”

Habrá que esperar, como mínimo, hasta el segundo semestre del año 2019 para poder empezar a evaluar los efectos reales de la medida adoptada, tanto en las poblaciones de abejas como en la agricultura.