El problema de los atentados contra la propiedad privada en el medio rural es una sangría tan presente como grave. Pero, en este caso, al contrario de lo que sucede con el tema de los antimicrobianos, no parece existir la misma contundencia para afrontar este tema.

Así, por ejemplo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar la respuesta del Gobierno en el Congreso en relación al número de robos en el campo en 2017, ampliamente recogida en medios de comunicación, alerta de que la información proporcionada es muy incompleta.

Si se analizan con detalle los datos correspondientes a “Hechos computados como delitos y faltas de hurtos, hurtos en el interior de vehículos, robos con fuerza, robos con fuerza en el interior de vehículos y robos con violencia e intimidación, cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas” se puede constatar que la cifra de incidencias, referidas al año 2017, ascendió a 13.660, de las cuales 4.700 tuvieron lugar en Andalucía, que fue la Comunidad Autónoma más “castigada” (a falta de poder verificar los datos correspondientes a Cataluña).

Es cierto que la cifra ha disminuido notablemente en los últimos cinco años; en el año 2013 la mencionada cifra era de 24.078 incidencias; en el año 2015 ya bajó a 17.602.

En este contexto y con toda la razón del Mundo, la Unión de Uniones hace hincapié en el hecho de que el sector primario es fundamental para la generación de riqueza y empleo en el medio rural. Como muy bien lo expresa, de la agricultura y ganadería viven muchos miles de familias y la reiteración de este tipo de delitos ocasiona pérdidas económicas, desincentiva la inversión en las explotaciones, además de generar miedo en el medio rural ante la sensación de impunidad con la que parecen obrar los delincuentes autores de estos hechos.

Es evidente, en este sentido, que uno de los problemas más graves que concurren aquí es la falta de medios adecuados, humanos y materiales, para combatir de forma realmente eficaz y definitiva esta plaga.

Si se estudia la situación con detalle, se puede constatar que ha habido en los últimos años una disminución de efectivos humanos disponibles y de los recursos económicos y de medios. Esta disminución de los recursos humanos, que son capitales, ha sido más elevada en aquellas CC.AA. donde más delitos se producen, Así, por ejemplo, Andalucía cuenta con 1.084 guardias civiles menos ahora que en las últimas dos legislaturas y Castilla y León o Castilla-La Mancha con 560 y 412 agentes menos, respectivamente.

Y a pesar de ello las incidencias disminuyen de forma muy importante, lo que habla por sí solo de la muy elevadas profesionalidad, dedicación y entrega de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado en el medio rural.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la que la Unión de Uniones pide más medios humanos y técnicos, así como que se concentren los esfuerzos en controlar los puntos de entrega y venta de productos agrícolas y ganaderos robados, exigiendo el control de la trazabilidad del producto, así como hacer un control exhaustivo de los lugares específicos de venta de maquinaria, de herramientas de segunda mano y de cobre.

También se hace necesaria, a juicio de la mencionada organización, una mayor implicación de los alcaldes y de las policías locales en sus respectivos términos municipales.

Asimismo, la Unión de Uniones considera necesaria, y estamos todos de acuerdo, la investigación de los hechos. La misma requiere en muchos casos de unos mejores medios para ser más eficaz, tanto para prevenir los hurtos, robos y daños, como para esclarecer posteriormente su autoría.

E insiste, por último, en la importancia de contar con mecanismos de denuncia vía telemática, como sucede en otros países, de modo que no quede ningún hurto o robo sin denunciar, puedan cuantificarse de forma fidedigna y ser perseguidos todos los delitos.

Lo que no se ha comentado hasta aquí es el tema de las coacciones a que, en no pocas ocasiones, se ven sometidos los agricultores y ganaderos por estos mismos grupos de presuntos delincuentes, lo que hace que, en ocasiones, estas incidencias no sean denunciadas (sobre todo, cuando no son de elevada cuantía y en zonas alejadas de núcleos urbanos importantes).