La reforma final de la Ley sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad

El pasado día 28 de junio el Congreso de los Diputados votó a favor de la reforma de la Ley 42/2007 sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad, con un total de 179 votos a favor y 169 en contra.

A pesar de que el grueso de la reforma de la ley quedó aprobado el pasado 16 de abril, durante las votaciones, el PDeCAT y PNV se equivocaron a la hora de votar y permitieron la aprobación de una enmienda de Unidos Podemos que, precisamente, eliminaba la parte del texto que permitía la caza y la pesca de las especies en áreas ocupadas antes de 2007, uno de los pilares de esta norma.

Este texto se restituyó en la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP y, por esta razón, se votó el día 28 de junio en el Congreso.

Es interesante recordar que esta ley “indulta” a algunas especies consideradas “invasoras” pero que tienen un importante interés económico para el sector cinegético o piscícola. Ello afecta a especies tales como el lucio, la carpa, la trucha arco iris, el cangrejo rojo o la cabra arruí (todas ellas catalogadas como “invasoras”), que podrán beneficiarse de algunas excepciones.

En este marco, el Partido Popular planteó (y así lo recoge el texto reformado) compatibilizar la lucha contra las especies exóticas invasoras con el aprovechamiento de algunas para la caza y la pesca en zonas que, al estar ocupadas por esas especies desde hace muchos años, su presencia no pueda suponer un problema ambiental.

Sorpresivamente, el Partido Socialista Obrero Español cambió en el último momento su voto, faltando a las promesas realizadas a los representantes del mundo rural y sumándose a la voluntad de los grupos ecologistas, integrados en Unidos Podemos a través de Equo.

Como es sabido, no es la primera vez que el grupo socialista hace algo parecido. La primera vez que votó en contra fue cuando el Partido Popular presentó por primera vez en el Congreso la reforma de la Ley, el 20 de junio de 2017.

Entonces, al igual que ahora, el PSOE había prometido a los representantes del mundo rural que apoyaría esta reforma necesaria. Al no hacerlo, su actuación fue entendida como un “acto de traición” por los representantes de la Plataforma en Defensa de la Pesca y generó una profunda indignación en miles de ciudadanos.

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