La tasa media de temporalidad en la Unión Europea (U.E. – 28) es del 14,4 por 100; sólo Polonia, con una tasa de temporalidad del 26 por 100 se acerca a España y está muy alejada de la de otros Estados de la Unión como Francia (17,5 por 100), Alemania (13 por 100), Italia (16 por 100) e incluso Portugal (23 por 100). Durante el año 2017 la temporalidad española aumentó en 1,5 puntos.

Esta elevada temporalidad afecta negativamente a la base recaudatoria de la Seguridad Social, agrava el preocupante déficit del sistema de pensiones, desincentiva la inversión de las empresas en capital humano y lastra la productividad (otro de los problemas que tiene España).

Por su parte, a finales de 2017, la tasa de paro se sitúo en el 16,74 por ciento; ello supuso una cifra total de parados que ascendió a 3,8 millones (en el primer trimestre del presente año 2018 tampoco hemos ido por el buen camino; de hecho, la tasa de paro aumentó en 29.400 parados, lo que ha supuesto el peor primer trimestre desde el año 2013).

El año pasado la tasa de paro femenina se sitúo en el 18,35 por 100 y la masculina en el 14,97 por 100 y siguió la discriminación salarial. Por su parte, el desempleo castigó especialmente a los trabajadores en edades comprendidas entre los 25 y los 54 años.

Cierto es que a lo largo del año 2017 se crearon más de 490.000 puestos de trabajo, pero en el último trimestre del año pasado se destruyeron unos 60.000 puestos de trabajo, todos ellos en el sector privado. Globalmente hablando, el sector privado perdió el año pasado del orden de 155.000 empleos; pero el sector público, especialmente la Administración Central, contrató a 31.000 nuevos trabajadores.

Es decir, en términos anuales (que es una referencia muy válida), el empleo público creció más del doble que el sector privado. El aumento del 2 por ciento en el sector privado está muy lejos del 4,5 por ciento del sector público, la mayor creación de empleo público en más de una década (ello nos lleva a que, en el primer trimestre de este año 2018, la ocupación del sector privado ha caído como no era el caso desde el año 2013, mientras que en el sector público la cifra de ocupación es la más alta desde mediados del año 2012). Me parece más que evidente que tampoco la gestión del empleo, por parte del Gobierno, es la adecuada.

Es más, por un parte, el sector privado ha de soportar el “tsunami de un gasto público desbocado y pésimamente gestionado”, amén de una elevada corrupción, a través de una recaudación y una presión fiscal en cifras históricamente altas. Por otra, sigue sufriendo, como se ha expuesto, las consecuencias de la crisis, con salarios realmente bajos (el salario mínimo interprofesional está en los 708 euros mensuales, el salario medio en los 1.640 euros mensuales y el poder de compra del salario medio español se ha reducido en un 1,7 por 100 en los dos últimos años) y un muy elevado nivel de temporalidad.

Bajo este prisma, entiendo que se hace imprescindible un significativo golpe de timón en la política económica española, que debe empezar por una importante contención del gasto público, un incremento radical de su eficiencia y de su eficacia y una reducción drástica de la corrupción, tanto la directa (monetaria) como la indirecta (afección negativa de la necesidad y de la oportunidad).