La problemática de la longevidad y las pensiones en España

Las actuales proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan una España en la que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, el porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en torno al 19 por 100, superará el 25 por 100 en el año 2031 y el 34 por 100 en el año 2066. Evidentemente, esta tendencia global es aplicable al agro español (incluso con unos porcentajes algo mayores) lo que pone de manifiesto la complejidad de este tema.

En este contexto el envejecimiento de la población, el consecuente incremento de las personas inactivas y, paralelamente, el descenso paulatino de la población activa plantea una problemática para el mercado laboral que, según el presidente del IMF Business School, Carlos Martínez, «requiere de un esfuerzo importante por parte del Gobierno». En su opinión, son necesarias políticas que frenen el envejecimiento, atraigan población inmigrante y combatan el desánimo de la gente que abandona el mercado de trabajo por la ausencia de expectativas.

A su juicio medidas como la subida de todas las pensiones de acuerdo con una inflación prevista del 1,6 por 100 “van en la dirección equivocada y es una falta de responsabilidad por parte del Gobierno y del PNV”. El señor Martínez considera que «ya íbamos a tener problemas incluso para pagar la subida del 0,25 por 100».

En este contexto, debe señalarse que el primer trimestre de este año 2018 cerró con 124.100 ocupados menos que el anterior, si bien la mayor parte, 94.700 personas, decidieron no buscar trabajo y abandonaron la población activa. Al mismo tiempo, los inactivos aumentaron en 158.000 personas respecto al cierre de 2017; por otra parte, de acuerdo a los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro se redujo en 2017 en 458.900 personas, pero el empleo se incrementó sólo en 435.900 personas, debido a que la población activa tuvo una disminución de 23.000 personas. Debe tenerse en cuenta que, con frecuencia, el análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) se centra en dos colectivos: parados y ocupados. Pero resulta fundamental fijarse en la tendencia de la suma de ambos, los activos, y de su opuesto, los inactivos. Sobre todo, porque de los primeros dependen los ingresos por cotizaciones que pagan las pensiones y no han hecho más que menguar en los últimos cinco años, hasta situarse en 22.670.300 personas en el primer trimestre. Y porque los segundos no aportan al sistema, al no estar ocupados ni buscando empleo, pues aquí se incluyen estudiantes, amas o amos de casa, incapacitados y también jubilados.

Entonces, de acuerdo con los datos oficiales publicados, la recaudación por cotizaciones alcanzó los 28.277 millones de euros hasta marzo, el mejor resultado de los últimos diez años.

Sin embargo, debe tenerse muy presente que, a causa de la política económica seguida en España (con un aumento permanente del déficit público) la Seguridad Social acumula un déficit de 18.800 millones de euros, con una nómina de pensiones contributivas que roza ya los 9.000 millones de euros, con casi 9,6 millones de pensionistas.

Todo ello, con un Fondo de Reserva casi liquidado en el que no queda ya ni para una paga extraordinaria.

Y aquí es donde se debe tener muy en cuenta lo expuesto por el señor Martínez: el acuerdo del Gobierno con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Este acuerdo ha llevado al Ejecutivo a hacer una concesión que no solo tumba de facto la reforma de las pensiones que aprobó en el año 2013 (al ligar la subida de las prestaciones a la inflación y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023), sino que condena, como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, la sostenibilidad de la Seguridad Social en un momento en el que el mercado laboral cuenta con el máximo histórico de 16,1 millones de inactivos y una tasa de actividad de sólo el 58,46 por 100, el nivel más bajo de los últimos doce años.

En definitiva y a pesar de las optimistas declaraciones del ministro de Hacienda y Función Pública, don Cristóbal Montoro, el incremento de la esperanza de vida es, socialmente hablando, una buena noticia, pero representa, desde una perspectiva macroeconómica, un reto importante para el sistema de las pensiones; reto que obligará, con alta probabilidad, a afrontar en los próximos años importantes cambios en la política económica global.