Un Tribunal alemán ha dictaminado que la entrada ilegal en una explotación no tiene justificación aunque sea en defensa de los animales. En efecto, el Tribunal Regional Superior de Stuttgart ha rechazado la apelación que solicitaban dos activistas de una asociación de defensa de los animales, que fueron condenados hace 3 años por entrar ilegalmente en una granja de pavos.

El Tribunal ha dictaminado que el bienestar de los animales en las explotaciones es una competencia de los ganaderos, los veterinarios y las administraciones competentes y no de personas individuales. Además, ha añadido que en un estado libre y democrático no se pueden permitir ofensas por parte de personas con ideas diferentes, que entran ilegalmente en una explotación para hacer grabaciones

Los hechos se produjeron en mayo de 2015, cuando dos estudiantes universitarios y miembros de una asociación vegana, entraron por la noche en una explotación de pavos ubicada en Schwäbisch Hall (perteneciente al Land de Baden-Wurtemberg).

Los intrusos fueron sorprendidos por el granjero, que avisó a la policía. Uno de los activistas agredió al granjero con gas CS (clorobenzilideno malononitrilo, un gas lacrimógeno).

Los activistas condenados alegaban que habían entrado en la explotación para grabar imágenes que luego pasarían a los medios de comunicación para denunciar las deficiencias existentes en la misma en lo referente a la temática del bienestar animal y que, por esta razón, su acción estaba justificada, argumento que ha sido desestimado por el tribunal.

En el mismo sentido, hay que señalar que el Tribunal de Amiens (Francia) ha condenado a 6 miembros de la organización agraria Confédération Paysanne a pagar 120.000 euros a la explotación láctea francesa popularmente conocida como de “las 1.000 vacas”. El concepto es por daños y perjuicios que le causaron a la explotación, por los ataques de los que fue objeto en 2013 y 2014. El dueño de la explotación exigía una indemnización de 200.000 euros.

El enfrentamiento entre la CP y la explotación de las 1.000 vacas, que está situada en Drucat, cerca de Abbeville (Somme), saltó del sector agrario a los medios de comunicación generalistas y se convirtió en un tema de debate entre la opinión pública en relación con el tamaño de las explotaciones y los modelos de explotación intensiva versus no intensiva.

La Confédération Paysanne critica la sentencia y les parece injusta. Denuncian que mientras que el Tribunal reconoce que su acción era una denuncia al modelo de producción, ahora les piden asumir a ellos solos lo que se ha presentado para el interés general.

Lo importante es que la justicia ya empieza a parar los pies a grupos “antisistema” que intentan lograr sus objetivos a través de la acciones físicas contra las explotaciones.