Conviene recordar también que, cumpliendo con la norma y con las precauciones debidas, si un incendio se produce sería considerado accidente, en tanto que si ese mismo incendio se provoca sin la pertinente declaración responsable y sin medidas de seguridad, es muy posible que sea considerado como negligencia.

Así, podría considerarse que el cumplimiento de la norma juega a favor de la persona que realiza la labor agrícola o la cosecha y, de alguna manera, le da cobertura.

Los agentes del medio natural están informando y ayudando a los agricultores y ganaderos para que realicen sus trabajos con todas las medidas de seguridad necesarias.

A pesar de ello, para APAG Extremadura ASAJA, el principal problema de la mencionada normativa es el ámbito de aplicación, que contempla el 90 por 100 de la región como terrenos forestales y zonas de influencia a menos de 400 metros.

Según la organización “ni la Campiña, ni Tierra de Barros, ni muchas áreas de Extremadura están enclavadas en este tipo de zonas” y excede la definición de la Ley de Montes que no incluye las tierras de cultivo.

No hay que minusvalora el hecho de que, para conocer los índices de riesgo de incendio, es necesario consultar la web Extreambiente de la Junta, que a su vez deriva a otra dirección americana donde toda la información aparece en inglés. Y solo a partir de las 12.00 horas se puede saber cuál es la situación del día siguiente, lo que, a su juicio, dificulta aún más la tarea de los agricultores.

En este contexto, la organización ha denunciado el “exceso de regulación e intervencionismo” al que somete la Consejería de Medio Ambiente a los agricultores y ha exigido que les permitan realizar las labores de recolección tal y como se ha hecho históricamente. También se ha tachado de “vergonzoso lo que se hace en Extremadura con los agricultores” y ha incidido en el caso de los agricultores cerealistas de la Campiña Sur, puesto que “solo cultivan cereal y llevan muchas campañas pasándolo mal por plagas, enfermedades o sequías. Y en esta campaña, que es buena en comparación con otras anteriores, la ley no permite recoger la labor de todo un año”.

Los agricultores que no se ciñan a la medida que ya se ha aplicado en dos ocasiones, se exponen a sanciones que van desde los cien hasta el millón de euros, en función de la gravedad y la reiteración.

La organización ha solicitado una reunión urgente a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Medio Ambiente y ha mostrado su apoyo a los agricultores que pueden hacerles llegar su malestar y problemas para trasladarlo a las instituciones.