La Comunidad murciana pide a Planas armonizar la legislación y reducir la carga administrativa para agricultores y ganaderos
La Comunidad murciana pide a Planas armonizar la legislación y reducir la carga administrativa para agricultores y ganaderos
El Ejecutivo regional ha instado este lunes al Gobierno de España a impulsar «una armonización de la legislación» y a reducir la carga administrativa a la que se enfrentan agricultores y ganaderos, ya que «en los últimos años se han aprobado, publicado y entrado en vigor muchas normativas que afectan directamente al sector agrario», según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha pronunciado estas palabras tras participar en el encuentro de los consejeros autonómicos con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el que se han puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural.
Rubira ha pedido «que se lleven a cabo las modificaciones normativas necesarias para ajustar las entradas en vigor de las obligaciones a ese calendario real de cumplimiento, porque de lo contrario estaremos abocando a los profesionales a abandonar el campo».
En relación a la Política Agraria Común, ha considerado «necesario» que el Ministerio «establezca la máxima flexibilización posible en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) debido a la sequía que seguimos sufriendo en toda España, y más aún en la zona del sureste español».
Igualmente, ha solicitado que en la próxima modificación del PEPAC «se incorporen ajustes a los diseñados actualmente, adaptándolos a la realidad climatológica, así como un nuevo ecorrégimen que recoja la singularidad climática del sureste español».
Otro de los asuntos destacados por la consejera ha sido «la grave situación hídrica a la que se enfrentan los agricultores y ganaderos, especialmente los del Levante». En esta línea, ha pedido al ministro Planas «que interceda por los agricultores y ganaderos para que el Gobierno de España no termine con el trasvase Tajo-Segura».
En concreto, ha manifestado que «dado que su compañera Teresa Ribera no nos sabe decir cómo vamos a paliar los 400 hm3 de déficit que tendremos en 2027, espero que nos ayude a clarificarlo o que se convierta en aliado del campo frente al sectarismo de la vicepresidenta».
Igualmente, ha reclamado la convocatoria de nuevas ayudas para compensar los daños por la sequía para atender a los sectores que no las percibieron anteriormente, y «que corrija la injusticia sufrida en el cultivo de almendro de secano, porque en la convocatoria de julio se dejó fuera a los agricultores de frutales de la Región de Murcia y los del almendro del secano percibieron menos que los de provincias limítrofes».
OTROS ASUNTOS DESTACADOS
Durante la reunión, Rubira ha planteado otros asuntos «que preocupan a nuestros agricultores y ganaderos, y que necesitan respuesta por parte del Gobierno de España», como la reforma del seguro agrario, sobre el que ha solicitado «una mesa de trabajo con el sector, ENESA y Agroseguro para abordar un nuevo modelo de seguro que cubra los efectos del cambio climático en la actividad agraria».
La consejera ha reiterado la necesidad de incrementar la coordinación y los fondos destinados a cubrir gastos derivados de episodios de Emergencia Sanitaria Animal, dado que «actualmente las comunidades autónomas estamos enfrentándonos a enfermedades de animales que en muchos casos derivan en una Emergencia Nacional, para las que necesitamos medios si queremos evitar daños mayores».
Asimismo, ha insistido en la necesidad de avanzar en el diseño de una ley de agricultura familiar, que dote de ayudas a nivel nacional, para garantizar el relevo generacional en el campo e incrementar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones familiares.
Finalmente, Rubira ha demandado «reforzar los acuerdos comerciales con terceros países para proteger de verdad a nuestros agricultores y ganaderos de competencias desleales». Asimismo, ha instado a solicitar a la Unión Europea «la aplicación de cláusulas espejo que garanticen que la producción agraria se realiza en las mismas condiciones y obligaciones sanitarias, medioambientales y sociales».
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