En este sentido, hay que entender la noticia que publicaba hace unos días un periódico de alcance nacional que decía: “Hacienda espera que la recaudación alcance en 2017 el máximo histórico”. Y, en efecto, el Ministerio de Hacienda estima que, en el presente año 2017, recaudará alrededor de unos 207.500 millones de euros, superando el cénit del año 2007 (200.676 millones). Los impuestos directos vendrán a suponer unos 117.400 millones (lo que significa un 7,5 por 100 de aumento respecto del año anterior) y los indirectos, unos 86.000 millones (un aumento del 8,2 por 100).

Esta voracidad, que convierte a España en un “carpanta impositivamente insaciable”, nos genera tres graves problemas.

El primer grave problema no está en la cantidad, sino en el fondo de la cuestión. Si este aumento de la recaudación se debiera a un incremento real de la actividad económica, se trataría (por mucho que nos fastidie a todos pagar impuestos) de una noticia realmente positiva; pero lamentablemente éste no es el caso.

Desgraciadamente, el incremento de la mencionada recaudación es, proporcionalmente, muy superior al aumento del Producto Interior Bruto (PIB); ello significa que hay (digan lo que digan nuestros políticos) un incremento de la carga impositiva absolutamente desproporcionado (vean: en el año 2007 la recaudación vía impuestos suponía alrededor del 12 por 100 del PIB (del PIB oficial claro); actualmente se va a situar alrededor del 17 por 100 del PIB).

El segundo grave problema es que este aumento de la recaudación castra muchas iniciativas de inversión y de desarrollo de negocio, también en el sector agrario, agrícola y ganadero, cuando, en él, en razón de las cada día mayores presiones del “modelo U.E. de producción”, las necesidades de inversión crecen.

El tercer grave problema es que, a pesar de este terrible aumento de la carga fiscal, nuestra deuda pública sigue creciendo de forma imparable, superando ya el valor del PIB y el déficit público rebasa claramente los límites fijados por la Comisión Europea (la propia Comisión lo estima, para este año 2017, en el 3,5 – 3,6 por 100; nuestro Gobierno habla del 3,1; la diferencia entre las dos estimaciones es de unos 2.300 millones de euros [sic]).

Es decir, estamos inmersos en una política económica inapropiada (por expresarlo de una forma suave), fundamentada en un “bucle negativo”: cada vez más impuestos y, paralelamente, cada vez más gasto público. Una política que, a medio plazo, no nos lleva a parte alguna y que, por supuesto, no resuelve la crisis real; porque, no nos engañemos, los tan publicitados “brotes verdes” (para utilizar una “semántica histórica no olvidada”), en la inmensa mayoría de los casos, nacen a costa de más endeudamiento, público y privado.

En este marco, con una política macroeconómica “de carpantas”, los empresarios, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, empezando por nuestros agricultores y ganaderos habrán de continuar “apretándose el cinturón” para poder sobrevivir y seguir siendo cada día, técnica y económicamente, más eficientes y más eficaces aplicando, con el máximo rigor, economías de escalas.

El sector agrario español es y, sobre todo, será un “mundo” realmente apto solo para los mejores empresarios.