La asociación Ecologistas en Acción solicitará al Servicio Territorial de Medio Ambiente conocer si los ganaderos investigados en el fraude de la PAC cobraron ayudas por ataques de lobo.

Y es que, según EA, por «la falta de escrúpulos de algunos de los ganaderos de la montaña palentina» no es descabellado pensar que pueda existir alguna conexión entre ambos casos.

Así lo ha trasladado en un comunicado donde asegura que la investigación que la Guardia Civil y la Fiscalía Europea está realizando sobre una treintena de funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la Política Agraria Europea (PAC) era un tema que se llevaba «con discreción» en la comarca de Cervera de Pisuerga en la Montaña Palentina, y que son estos los «verdaderamente implicados en la defensa del interés general ante un ámbito administrativo inoperante».

Así, ante «el más que deficiente funcionamiento de la Junta de Castilla y León», afirman desde la asociación, se deben depurar responsabilidades tanto en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia como en los Servicios Centrales en Valladolid. Además, «los superiores que ignoraron las denuncias deben ser investigados por si hubieran incurrido en responsabilidad penal», subrayan.

Por otra parte, Ecologistas en Acción apuntan que las declaraciones del consejero de Agricultura en las que anunciaba la personación en el caso como acusación particular demuestran que «lo importante para la Administración regional es desviar el foco de cualquier responsabilidad», ya que debería preocuparse en conocer «por qué se ha producido una absoluta dejadez y pasividad» en el Servicio Territorial de Agricultura de Palencia y en los Servicios Centrales de la Consejería.

Desde la asociación valoran la determinación de la funcionaria que denunció las irregularidades, algo «nada fácil» en la provincia de Palencia y aún menos en la comarca de Cervera, y que, «a pesar de la negativa de sus superiores a investigar los hechos y tramitar la correspondiente denuncia», acudió fuera del ámbito local y regional «con el riesgo que eso supone para su vida profesional e incluso personal», afirman.