Unión de Uniones pide al próximo ministro de Agricultura revisar la definición de agricultor profesional

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha trasladado a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales de este domingo, 23 de julio, un documento con más de 50 medidas que debe tener en cuenta el nuevo titular de Agricultura en la próxima legislatura, con el fin de defender el modelo agrario.

En concreto, la organización agraria ha instado este martes al próximo Gobierno a realizar una revisión de la definición de agricultor y ganadero profesional dentro del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para posibilitar que sus recursos «estén bien repartidos y no se destinen a personas cuya actividad principal no es la agricultura y la ganadería».

En la misma línea, la organización ha pedido que no se aumenten los niveles de exigencia sin que se faciliten recursos para poderlos cumplir, que se elimine la doble sanción por condicionalidad y que se adecue la digitalización a la realidad de las explotaciones, entre otras propuestas.

Unión de Uniones ha considerado «fundamental» una renovación de la defensa del modelo agrario tradicional y no dejarse llevar por corrientes «que no miran a la agroalimentación en su conjunto y que nacen en despachos sin saber nada de la realidad del campo», siendo este el «mayor reto al que debe enfrentarse el nuevo equipo de Gobierno si no quiere poner en riesgo la soberanía alimentaria».

Así, Unión de Uniones ha pedido que se impulse que la alimentación sea excluida de las actuales reglas de la Organización Común del Comercio para darle la importancia que tiene como sector estratégico y necesario.

También ha puesto de manifiesto la «urgencia» de revisar la ley de la cadena alimentaria «tal y como está planteada ahora, ya que ha demostrado en multitud de ocasiones que no funciona».

Finalmente, la organización agraria ha recordado que la Ley 12/2014, de determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias entró en vigor hace nueve años y, desde entonces, «ningún Gobierno la ha desarrollado reglamentariamente para poder celebrar la consulta electoral estatal prevista en la misma, impidiendo que los agricultores y ganaderos elijan libre y democráticamente a sus representantes».

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