Tribuna informativa – Semana 45

1. Situación actual del Brexit

De acuerdo con lo expuesto por la actual Primer Ministro británica, Theresa May, el inicio del proceso formal para hacer efectivo el Brexit se debería iniciar en el primer trimestre del próximo año.

No obstante, el proceso, según acaba de determinar el Tribunal Supremo del Reino Unido, deberá ser aprobado por el Parlamento británico. Ello significa que se deberá someter el Brexit a una votación parlamentaria y que no todo va a ser tan sencillo como imaginaban los rupturistas.

La Sra. May quería proceder invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Ello significará que el Reino Unido (o lo que de él quede, si se llega a este punto) tendrá 2 años para negociar su separación del resto de la Unión Europea.

Paralelamente, se pretende revocar la Ley de Comunidades Europeas del año 1972 que obliga a incorporar, en este caso a la legislación británica, toda la legislación vigente en la U.E.; ello permitirá a su Parlamento, una vez GB haya abandonado a la U.E., modificar y/o cancelar cualquier legislación no deseada y, asimismo, poner fin a la competencia del Tribunal de Justicia Europeo en el Reino Unido. Es decir, el Reino Unido sería independiente y soberano y podría tomar sus propias decisiones.

La cuestión está en saber si será, en el caso de llevarse a efecto, un Brexit “duro – hard” o un Brexit “blando o suave – soft”.

En el primer caso, podría suponer, por ejemplo, que el Reino Unido se niegue a hacer concesiones en cuestiones tales como la libre circulación de personas, dejando el mercado único de la U.E. y comerciando con dicho bloque como si fuera cualquier otro país extra-U.E., sobre la base de reglas de la Organización Mundial del Comercio (esta situación supondría, obviamente, que podría perder, por una parte, el actual acceso al mercado europeo libre de aranceles y, por otra, varias restricciones que actualmente posee por ser miembro de la U.E.).

En caso de que se llegara a un Brexit «suave”, implicaría, probablemente, arbitrar alguna forma de adhesión al mercado único de la Unión Europea a cambio de algún grado de libertad de circulación.

En cualquier caso, la situación en la que va a quedar Gran Bretaña será compleja y lejana a la que publicitaban sus defensores.

En efecto, es aleccionador un informe presentado al Parlamento por el exministro de Economía británico, el Sr. George Osborne, en el que se analiza el impacto económico del Brexit a través de un modelo gravitacional, separando el efecto específico de ser miembro de la Unión Europea y las consecuencias del mencionado Brexit de todas las otras influencias que determinan la inversión extranjera directa (IED) y el comercio.

De acuerdo con este estudio, sea cual fuera el Brexit final, el Reino Unido se empobrecerá más o menos en función del Brexit resultante. Se empobrecerá porque se reducirían los flujos de comercio e inversión; se generará, como consecuencia de ello, una menor productividad y un menor producto bruto por persona y, por ello, un menor PIB, dado que los gastos pesarán considerablemente más que cualquier ventaja potencial que pueda suponer abandonar la Unión Europea.

Esta reducción del PIB dará lugar, lógicamente, a unos menores ingresos fiscales y, por ende, podrá significar un incremento de la deuda pública, lo que deberá desembocar necesariamente en mayores impuestos o en recortes del gasto público (por lo tanto, en menor bienestar).

La tormenta desatada por este informe ha hecho que en el Reino Unido se estén estudiando toda una serie de modelos distintos que podrían adoptar en sus relaciones con la U.E., una vez que sea efectiva su salida. Lo que está por ver, en estos momentos, es cuál será la posición al respecto de la Unión Europea resultante.

2. Fallo de la OMC a favor de Argentina en el tema del biodiesel

Un tribunal de la OMC ha fallado a favor de Argentina, señalando la ilegalidad de las medidas tomadas por la Unión Europea respecto del biodiesel argentino.

La investigación acerca de supuesto dumping en el tema del biodiesel argentino fue iniciada por las autoridades de la Unión Europea en agosto de 2012, a través de una denuncia formulada por el Consejo Europeo de Biodiesel (EBB, por sus siglas en inglés).

La Unión Europea consideró que el mercado de biodiesel en Argentina estaba muy regulado por el Estado y, por esta razón, argumentó que las ventas de biodiesel en el mercado interno argentino no se ajustaban a unas operaciones comerciales normales. Esto llevó a que la U.E. descartara el precio interno como medida de comparación y procediera a la reconstrucción del mismo. En el momento de hacerlo, se partió de la consideración de que los precios interiores de la principal materia prima utilizada por los productores de biodiesel en Argentina (el poroto de soja) eran inferiores a los precios internacionales, debido a la distorsión creada por el sistema de retenciones y, por ende, los costes de la principal materia prima no se reflejaban de forma razonable en los registros de los productores argentinos investigados.

Comparando el precio reconstruido con el valor de exportación, se llegó a la conclusión de la existencia de dumping, lo que llevó a la aplicación de derechos antidumping del 24,6 por 100; es decir, entre 216,6 y 245,6 euros por tonelada.

Esta decisión llevó a que Argentina elevara el caso a la OMC, que, tres años después, el mes de marzo pasado, falló a favor de Argentina, señalando que debían revisarse los cálculos efectuados acerca de los costes de producción de los biocombustibles argentinos y que la U.E. había utilizado costes mayores a los reales para justificar sus estimaciones de dumping. Ambas partes decidieron apelar la medida y el fallo definitivo se conoció finalmente el pasado 6 de octubre.

El Órgano de Apelación recogió en lo fundamental el fallo de la primera instancia, confirmando la ilegalidad de la medida tomada por la Unión Europea. En estos momentos, solo está pendiente que el mencionado fallo sea adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias en su próxima reunión de este mes. Una vez que esto suceda, la Unión Europea deberá proceder a levantar las medidas impuestas, algo que se espera tenga lugar con una relativa prontitud, porque ésta ha sido siempre la actitud de la U.E. ante otros fallos desfavorables de la OMC.

Hay que señalar aquí que la decisión adoptada por la OMC refuerza lo dictaminado, a mediados de septiembre, por la Corte General de Justicia de la propia U.E., que había dictaminado que la Comisión Europea había violado el reglamento comunitario sobre antidumping y anuló la aplicación de los derechos sobre el biodiesel de soja argentino.

3. No todo es oro lo que reluce en el TTP

El Representante de Comercio de los Estados Unidos, el Sr.  Michael Froman, ha insistido en que el “TPP sería el mayor avance en política comercial en más de 20 años”.

Según el señor Froman, el TTP será el primer acuerdo, desde la Ronda de Uruguay, en reducir un subsidio (pesca) y que, de acuerdo con estudios con modelos de simulación, “la mayor parte de los beneficios los verían los trabajadores a través de mayores salarios”.

Por su parte, el propio Presidente de los E.UU. está presionando fuertemente, desde hace tiempo, para lograr la ratificación del TPP en Asia.

El Sr. Obama ha destacado que “12 naciones se han unido en el Acuerdo Transpacífico para establecer las reglas del comercio para casi el 40 por 100 de la economía global”. Paralelamente, alertó acerca de que “un fracaso al implementar el acuerdo no tendría solamente consecuencias económicas, sino que, además, pondría en cuestión el rol de liderazgo de EE.UU. en la región”.

Como es bien sabido, para que el TTP pueda entrar realmente en vigor, requiere, al menos, del sí de seis países implicados, que sumen el 85 por 100 del PIB del grupo; ello hace absolutamente necesaria la aprobación de los EE.UU. y de Japón.

Sin embargo, el acuerdo encuentra serias dificultades en el propio congreso de EE.UU. Incluso hay reticencias desde el propio partido de Obama. El candidato a vicepresidente demócrata, el Sr. Tim Kaine, manifestó que tanto él como la candidata Hillary Clinton se oponen al TPP.

Sin embargo, destacó que no se oponen al comercio y agregó: “sea en Asia o en Europa, si es posible lograr acuerdos que logren los objetivos de más empleos, mayores salarios, ser positivos para la seguridad nacional y tener buenas previsiones de aplicación, nos encontramos abiertos a ellos”. Esto parece indicar ¡atención a esta cuestión! que sería partidario de una renegociación del tratado

Por su parte, el Senador Mitch McCornnell ha manifestado que la votación del TTP en el Congreso de los EE.UU. no tendrá lugar este año 2016, pero que es un tema en el que se podría trabajar durante la próxima administración. Sin embargo, existen conversaciones para que la votación se adelante.

Entre los temas objeto de controversia, se encuentran los denominados bio-fármacos (o fármacos biotecnológicos), de utilidad, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas. El debate se centra en los plazos que regulan la protección de los datos necesarios para generar los mencionados medicamentos; con la legislación actual de los EE.UU., esta protección es de 12 años, pero en el TTP se acorta a 5.

Mientras tanto, el acuerdo se encuentra en el Parlamento Australiano, que celebró una audiencia pública el 17 de octubre.

Por otro lado, en Japón se esperaba que el acuerdo fuera aprobado por la cámara baja el pasado mes de octubre, pero el proceso se está ralentizando. Las fuertes sensibilidades del sector agrícola japonés constituyen el principal obstáculo a esta aprobación.

La Unión Europea podría tomar buena nota de todos estos hechos cara al TTIP.

4. En la U.E.–28, la superficie destinada a cultivos ecológicos avanza, pero con lentitud

La Unión Europea posee actualmente una Superficie Agrícola Útil (S.A.U.) de unos 174,6 millones de hectáreas y el número de explotaciones agrarias se sitúa actualmente alrededor de los 11 millones.

De la superficie mencionada, unos 11,2 millones se destinan a los denominados “cultivos ecológicos” (un 6,4 por 100 de la S.A.U. total disponible). Ello supone que, en los últimos cinco años, esta superficie ha aumentado en unos 2 millones de hectáreas. Destacan aquí Austria (20,3 por 100 de toda su S.A.U.), Suecia (17 por 100, aunque disminuyendo), Estonia (16 por 100) y Lituania.

En España, la S.A.U. destinada a los cultivos ecológicos viene a ser de unos 2 millones de hectáreas, frente a los 25 millones de hectáreas que supone nuestra S.A.U. Es decir, la primera viene a suponer aproximadamente un 8 por 100 de la segunda, si bien, en los últimos 5 años, ha aumentado en un 22 por 100.

Los Estados Miembros que registraron un mayor incremento de la superficie dedicada a los cultivos ecológicos fueron Croacia (+ 377 por 100) y Bulgaria (+360 por 100), aunque en ambos Estado se partía de superficies muy bajas, seguidos de Francia (+ 61 por 100), Irlanda (+ 53 por 100) y Lituania (+49 por 100). En Irlanda, esta superficie sólo representa el 1,6 por 100 de su S.A.U.

En el otro extremo se sitúan los Estados Miembros donde esta superficie ha disminuido: Reino Unido (- 29 por 100) y Holanda (- 2,4 por 100).

Las actuales previsiones indican, al margen de lo que pueda suceder si finalmente se aprueba el TTIP, que, en los próximos 5 años, esta superficie destinada a los cultivos ecológicos seguirá creciendo, aunque lentamente, pudiendo llegar a los 13,5 – 14 millones de hectáreas en el seno de la actual Unión Europea.

5. China y los subsidios a la agricultura

Se veía venir desde hace tiempo. Los Estados Unidos han denunciado a China ante la OMC en razón de las ayudas que ha implementado a su agricultura. Al parecer, China está otorgando a una serie concreta de cultivos (maíz, arroz Japonica e Indica y trigo) una serie de subsidios que exceden claramente a los compromisos adquiridos por China cuando entró a formar parte de la OMC (según EE.UU., estas ayudas fueron, en el año 2015, del orden de unos 100.000 millones de dólares USA).

Como es sabido, el Acuerdo sobre la Agricultura establece que todo país miembro de la OMC tiene permitida la aplicación de unas pequeñas cantidades de ayuda interna (las denominados ‘minimis’) aunque las mismas puedan originar distorsiones en el comercio. En el caso de los Países Desarrollados, esta cantidad equivale al 5 por 100 del valor de su producción global; en el caso de los Países en vías de Desarrollo, esta cantidad se eleva al 10 por 100. A China, a través de un acuerdo – compromiso cerrado con la OMC en el año 2001, se le otorgó un porcentaje del 8,5 por 100.

No obstante, en los últimos años, el apoyo de China a su agricultura ha crecido de forma muy notable (se trata de fondos destinados al apoyo al productor).

En septiembre pasado, los EE.UU. solicitaron oficialmente a China la celebración de consultas en el marco del denominado “Órgano de Solución de Diferencias de la OMC”. A partir de aquí, los dos países tienen 60 días para intentar resolver, a través de consultas, sus diferencias (que, en este caso, son muy notables). Pasado este tiempo y si no se ha llegado a ningún acuerdo, los Estados Unidos pueden solicitar el establecimiento de un grupo especial (en realidad se trata de un tribunal ad hoc), que será quién deberá resolver el litigio dictando sentencia.

Este problema no sólo afecta a China; hay otros países en vías de desarrollo que también están subvencionando muy fuertemente a sus agricultores. Ello puede significar que, en un futuro próximo, otros países sean también demandados, lo que, por otra parte, revaloriza claramente el papel de la OMC, que es el único ámbito dónde los países pueden cerrar acuerdos y compromisos y lograr su cumplimiento, evitando, en la medida de lo posible, la distorsión de los mercados.