Tribuna informativa – Semana 12/2017

  1. A vueltas con el glifosato

Desde hace tiempo el glifosato (se trata un herbicida total; es decir, no selectivo, de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes) está en el centro de las críticas y se le ha acusado, entre otras cuestiones, de ser cancerígeno. Por estas razones, varias organizaciones (entre ellas Greenpeace y las vinculadas a la apicultura) se han opuesto a la renovación de la autorización para que este herbicida se siga utilizando en la Unión Europea e, incluso, varios Estados Miembros (EE.MM.) se han mostrado muy reticentes a esta renovación.

Ahora el ECHA (Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) ha emitido un dictamen científico en el que ha puesto de manifiesto que “las pruebas científicas disponibles no permiten clasificar el glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción”. Este dictamen va en la misma dirección del que emitió la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Estos dos dictámenes refuerzan la posición del MAPAMA, que se posicionó favorablemente a la renovación de la autorización para su utilización.

Por su parte, conocido este segundo dictamen, las organizaciones que conforman la ALAS “Alianza para la Agricultura Sostenible” (a ella pertenecen ASAJA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos y FEPEX) han solicitado a la Comisión Europea y a los Estados Miembros  de la Unión Europea que tenga en cuenta este dictamen cuando se deba decidir acerca de la renovación de la autorización para utilizar el glifosato en el ámbito de la Unión Europea.

  1. Poco éxito inicial del programa de reducción voluntaria de la producción de leche en la Unión Europea

Tal y como era de esperar, analizando la situación del sector y la estructura del programa (el ganadero percibe 14 céntimos de euro por cada litro que deja de producir en los períodos considerados), el programa de reducción voluntaria de la producción de leche en la Unión Europea (dotado con 150 millones de euros) no ha conseguido, hasta el momento, los objetivos para los que había sido establecido.

En efecto, de acuerdo con los datos que ha publicado la Comisión Europea, a nivel comunitario, un total de 43.968 ganaderos redujeron su producción en 851.705,7 toneladas en el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre del año 2016 (esta cantidad es un 20 por 100 inferior al objetivo establecido, que superaba el millón de toneladas; bien entendido que, aunque se hubiera alcanzado el objetivo previsto, el problema de fondo de este sector pecuario no se hubiera solucionado).

En España, se acogieron a este programa 1.350 ganaderos y la cantidad reducida fue de 27.010 toneladas (un 13 por 100 por debajo del objetivo fijado).

En el próximo mes de abril se conocerán los resultados correspondientes al segundo y último período de reducción y, consecuentemente, se conocerán los resultados finales de este programa.

El dinero no utilizado de los mencionados 150 millones volverá al presupuesto agrícola y se empleará en financiar medidas de mercado que sean necesarias en el sector agrario.

  1. Nueva ronda de negociaciones U.E.–MERCOSUR

Hay que señalar que, en el seno de la Unión Europea, hay un elevado y creciente interés en alcanzar acuerdos bilaterales con diversas zonas y países del Mundo, como han reiterado, por ejemplo, el Consejo y la Comisión.

En este contexto y teniendo en cuenta la política proteccionista que pretende desarrollar EE.UU., el TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión), el gran tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos, se pueda dar, como mínimo, por “dormido” (el señor Trump ha insistido de forma reiterada, directa e indirectamente, a lo largo de su campaña en que rechaza acuerdos del tipo del TPP y del TTIP y que desde el primer día de su administración ha pedido a Canadá y a México renegociar el TLCAN, al que definió en su momento como el «peor acuerdo comercial de la historia»).

Teniendo en cuenta todo lo expuesto es preciso hacer hincapié en que, entre los días 20 y 24 de marzo, el Comité de Negociaciones Birregionales, en el que están los países que conforman el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Comisión Europea, está celebrando en Buenos Aires una ronda de negociaciones con el objetivo de lograr nuevos avances en el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre las dos partes.

A este encuentro le precedió una serie de reuniones técnicas entre los representantes del Mercosur y la Comisión Europea donde se trataron fundamentalmente temas tales como el acceso al mercado de bienes, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las compras públicas y los servicios e inversiones.

La cuestión de fondo está en saber a qué acuerdos se llega finalmente; qué concesiones hace la Unión Europea y cómo pueden verse afectados los agricultores y ganaderos de la Unión Europea; muchas veces parece como si el sector agrario se utilizara como moneda de cambio en negociaciones de esta naturaleza (lo poco que realmente se conoce de las negociaciones en el seno del TTIP no invitan excesivamente al optimismo en este sentido).

  1. La importancia de las normativas en la Unión Europea

Noruega e Islandia son dos países que, como es bien sabido, no pertenecen a la Unión Europea, pero forman parte del Espacio Económico Europeo (EEE).

Los dos países son importantes productores de salmón y, especialmente, de “salmón ecológico”, cuya calidad es reconocida internacionalmente. No obstante, con la Unión Europea ha habido un problema histórico en este campo; las normativas no estaban armonizadas, no eran comunes y ello generaba una muralla insalvable.

En efecto, en 1991, la entonces Comunidad Económica Europea estableció las normas que definían la producción ecológica y también definió las bases del etiquetado de este tipo de productos. En el año 2007, actualizó dichas normas, haciéndolas más estrictas, y en 2009 la Unión introdujo nuevas normas que afectaban directamente a la producción. En enero de 2015 toda la normativa empezó a ser obligatoria para todos los productores de la U.E.–28.

El retraso en aplicar toda la normativa al Acuerdo EEE dio lugar a una situación de agravio comparativo y de trato desigual entre los productores y operadores de las dos zonas (U.E. – EEE). El remedio fue que los productos acuícolas de los países del EEE no pudieran ser importados ni vendidos como productos ecológicos en la Unión Europea.

Finalmente, se acaba de solucionar este conflicto. Se han armonizado las normativas entre las dos partes implicadas y, por esta razón, Noruega e Islandia ya pueden exportar a la Unión Europea, con pleno reconocimiento de la U.E., su salmón ecológico.

El tener unas normas comunes entre las partes (por cierto, muy estrictas) supone, sin duda alguna, un claro beneficio para las dos partes implicadas (tanto para los productores ecológicos de la U.E. y de los países del EEE como para los consumidores de las dos zonas).

  1. El cumpleaños de la PAC y sus retos

El próximo sábado 25 de marzo, la PAC va a cumplir sesenta años. Hace sesenta años que tuvo lugar la firma de los dos Tratados de Roma. En uno de ellos se establecía la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y también de la Política Agraria Común (la PAC).

Bajo el paraguas de hacer imposible una Tercera Guerra Mundial, la PAC (que implicaba a tres países grandes y tres países pequeños de Europa) vio la luz al amparo de  tres grandes objetivos, ante el recuerdo vivo en aquel entonces de la hambruna que azotó a gran parte de Europa durante y, sobre todo, después de la II Guerra Mundial: garantizar la seguridad alimentaria de los europeos, tanto en cantidad como en calidad; lograr unos precios adecuados de los productos agrarios para los agricultores y ganaderos (que garantizaran la viabilidad económica de sus explotaciones) y, por último, que esos productos tuvieran un coste asumible para los consumidores.

Sesenta años después y partiendo del hecho de que la PAC ha sido realmente la única “política común” en el seno comunitario, se enfrenta con grandes retos.

Por una parte, en la Unión Europea no todos los países tienen la misma posición. Hay Estados de la U.E., como España, Polonia y Francia, que son totalmente favorables a mantenerla con su estructura histórica y otros como, por ejemplo, Dinamarca, Holanda y Suecia (en este grupo también está el Reino Unido, aunque el Brexit le deja fuera del debate) que abogan por una renacionalización significativa de la PAC, con menos financiación comunitaria

Es cierto que este debate conceptual no es nuevo en el seno de la Unión. Lo que sucede es que, como muy bien ha señalado don César Lumbreras, está resurgiendo con más fuerza que nunca “ante una posible segunda gran reforma en profundidad de la PAC”.

Debe recordarse aquí que, al nacer la PAC, se basaba en un régimen de apoyo a los agricultores y a los ganaderos a través de dos instrumentos: por una parte, estaban los precios mínimos garantizados para una serie de productos (precios mínimos que se negociaban cada año) y, por otro, estaban las compras en régimen de intervención (las mismas se financiaban a través de un fondo europeo creado al efecto).

Este esquema, que se puede calificar, al menos durante los primeros 15 años, de muy exitoso, se prolongó a lo largo más de treinta años (concluyó en su formato inicial a principios de los noventa del siglo pasado, cuando tuvo lugar la primera gran reforma de la Política Agraria Común, que se fundamentó en un complejo esquema de ayudas por superficie (en gran medida no vinculadas a la producción real, porque estaban basadas en referencias de rendimientos históricos).

Parece evidente que este modelo ha quedado totalmente desfasado y, por lo tanto, inadecuado, por lo que cabe pensar en una nueva reforma en profundidad de la PAC. Obviamente, la cuestión está en saber cuál de las dos posiciones mencionadas (a favor o en contra de una renacionalización significativa de la PAC) triunfará finalmente. Parece evidente que una renacionalización de la PAC perjudicaría de forma significativa a los agricultores y ganaderos españoles ante la situación macroeconómica real de España.