El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que es «posible» y «factible» que los Estados miembros de la UE logren en octubre un acuerdo «político» sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC) que de paso a las negociaciones posteriores con el Parlamento Europeo.

«Es efectivamente posible el acuerdo en octubre. Es lo que pretende la presidencia alemana. España lo apoya y mi opinión personal es que es factible llegar a un acuerdo político», entre los Veintisiete, ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Agricultura de la UE en Bruselas.

Planas, además, ha confinado en que tras el acuerdo entre los países, las negociaciones por el Parlamento concluyan a principios de 2021 para que los tres reglamentos que conformarán la nueva PAC estén publicados ya en el BOE durante el primer trimestre del año. No obstante, las nuevas provisiones de la PAC no entrarían en vigor hasta 2023, tras la prórroga de dos años que acordaron los Estados miembros por el retraso en las negociaciones.

En esta línea, el ministro ha reclamado que los 729 millones de euros que le corresponden a España de la partida extraordinaria para Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del plan de recuperación pactado por los líderes puedan ser comprometidos a lo largo de los dos próximos años.

Sobre las cuestiones que van a debatir hoy los ministros europeos, el titular de Agricultura español defenderá que en los llamados ‘ecoesquemas’ exista una «cuantificación mínima» de aproximadamente el 20% y que tenga «flexibilidad en su aplicación». También apoya que sean obligatorios para los Estados miembros pero voluntarios para agricultores y ganaderos.

Del mismo modo, España respalda que un 5% de las tierras agrícolas se destine a propósitos medio ambientales a modo de «referencia para el conjunto de la Unión», una aproximación que «parece ser el punto de encuentro» entre los Veintisiete.

En relación al modelo de aplicación, Planas ha reconocido su preocupación por la «seguridad jurídica» de los actos en los que esté basado. Así, ha reclamado que deben ser «instrumentos jurídicos europeos los que lleven a cabo esta aprobación y la aplicación de la nueva PAC».

Por último, durante este consejo defenderá, con el apoyo de Francia y Portugal, que se mantengan los fondos en los programas de apoyo a la agricultura de las regiones ultraperiféricas, como Canarias.