Está fuera de duda la trascendencia del relevo generacional para el futuro de la agricultura y de la ganadería comunitarias, subrayado por todos los que se ocupan del problema. No en vano, contra viento y marea, la Comisión Europea, muy preocupada por los discretos resultados recogidos en la PAC precedente sobre el mismo asunto, forzó la dedicación del 2% del sobre nacional a la incorporación de jóvenes a la hora de reglamentar la PAC de 2014 a 2020.

En el caso concreto de España, hay acuerdo sobre la situación. Tan sólo el 5% de los agricultores y ganaderos españoles son menores de 35 años y más de la mitad (55%) son mayores de 55 años. Se estima que en la próxima década se jubilarán casi 6 de cada 10.

En el sector lechero, por ejemplo, resaltan los muy numerosos abandonos de la actividad con el muy escaso de jóvenes que se incorporan o instalan. En Galicia, los datos son preocupantes: en el año 2013, el 60% de los agricultores-ganaderos profesionales superaban los 60 años; un 35% tiene de 40 a 60 años y solo un 5% era menor de 40.

El envejecimiento de nuestro sector agrario es una evidencia desde hace tiempo. Sin embargo, en los últimos tiempos el contexto para atajar en lo que se pueda un cuadro alarmante, ha variado. Con la crisis y su alto paro juvenil, las solicitudes de incorporación de jóvenes al sector agrario se han incrementado (79% en el periodo 2012-2013 y en 42% en el período 2013-2015).

Actualmente, estamos entrando a nivel de CCAA en una fase de mucho más interés por la aplicación de la medida. España se ha propuesto como objetivo para el periodo 2014-2020 la incorporación 15.000 jóvenes, cifra modesta frente a los 350.000 agricultores-ganaderos profesionales que tenemos en nuestro país. Y ello ha comenzado a hacer surgir, en la intención de entrar, la serie de problemas intermedios que frenan una aplicación ágil y eficaz, unos más controlables que otros.

Los jóvenes agricultores y ganaderos enfrentan rentabilidades volátiles, dificultades en la obtención de créditos, altos costes de instalación (inversión total en torno a 7.000 euros/vaca lechera, por ejemplo), una fuerte deuda, complicado acceso a la tierra (casi el 61% de los jóvenes agricultores de la UE ven la disponibilidad de tierras para su compra y el 57% para su arrendamiento, como el reto más difícil al que se enfrentan, según la encuesta al respecto de la Comisión Europea) y falta de formación específica.

Aquí hasta ahora han tropezado con convocatorias de ayudas tardías y escasas de presupuesto, tardanzas en la resolución y, sobre todo, retrasos en los pagos. Además, la burocratización de la PAC, que carga excesivamente de tareas al agricultor-ganadero, se añade a la situación del que comienza a serlo, incluidas las responsabilidades en medio ambiente, bienestar animal, trazabilidad y seguridad alimentaria.

Se observa actualmente que las CCAA (Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra, Extremadura) han reforzado los presupuestos dedicados al relevo generacional y se proponen agilizar su ejecución, pero las quejas vienen de que en algunas convocatorias resueltas, un buen número de peticiones ha quedado fuera. De las 2.921 solicitudes presentadas en Andalucía, por ejemplo, se han aprobado 1.492, un 50% de las presentadas, cuando constaba el compromiso de la Junta de atender a todos aquellos jóvenes que cumpliesen los requisitos.

También que han surgido roces con las OPA’s por los baremos de puntuación, pues alguna CA da prioridad a los peticionarios de menor renta y que sigue habiendo disparidades fiscales (todavía algunas CCAA tienen vigente el impuesto de sucesiones. En concreto, Andalucía y Asturias). Incluso hay disparidad de criterios al aplicar los impuestos a jóvenes incorporados que suponen tratos diferenciados con la desigualdad consiguiente, por ejemplo, en Galicia, con casos denunciados en los que las subvenciones cobradas se consideraron como ayuda de capital o como incremento patrimonial, planteamiento que parece impropio.

En fin, parece que hemos entrado en una nueva etapa de nuestro tema, que hay una mejor disposición al respecto por parte de las CCAA, que hay más preocupación y más medios, que están señaladas las correcciones que deberían incorporarse, aunque hay cuestiones como el acceso a la tierra o la facilidad de créditos que dependen de la voluntad política o de la situación económica. Confiemos en mejores resultados en un futuro a corto plazo.

Victoriano Calcedo Ordóñez.

Colaborador Honorífico.

Departamento de Economía. UC.