La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras consultar los últimos datos relativos a sanidad animal y, en especial, a tuberculosis bovina, ha puesto de manifiesto un aumento de la prevalencia de la enfermedad y, paralelamente, denuncia la ineficacia de los planes de erradicación.

Se pone de manifiesto, con los datos en la mano, que existe una tendencia clara al aumento de casos de tuberculosis bovina e insiste en que no tiene sentido que el Ministerio se empeñe en una línea de continuidad en sus planes de erradicación cuando estos no han funcionado, según se estima del aumento en 2016 a un 2,87 por 100 de prevalencia, retrocediendo a los niveles de 2001.

La prevalencia aumenta en la mayoría de las regiones más afectadas. Sólo Andalucía, que es la más afectada, mejora ligeramente; pero se mantiene en niveles altísimos, con un 17,24 en 2015 y un 17,10 en 2016. El resto de las CCAA empeoran: Castilla-La Mancha, que llega al 7,84 por 100 (7,63 por 100 en el año 2015); Extremadura alcanza el 12,96 por 100 (12,23 por 100 en 2015); La Rioja llega a un 3,86 por 100 (2,81% en el año 2015) y Murcia está en un 2,90 por 100 (1,66 por 100 en el año 2015).

Teniendo en cuenta esta negativa evolución, la organización evidencia su desconfianza en el Plan de Erradicación, ya que todo apunta a que llegar al año 2017 con una prevalencia del 1,55 por 100 no se va a cumplir (bien es cierto que los últimos datos disponibles son del año 2016, y que se trata de los objetivos del Programa de Trabajo Plurianual 2015-2017).

La organización también critica que, pese al mal resultado de planes anteriores, en estos últimos años, el Ministerio se empeña en poner en marcha las mismas líneas para el año 2018 y advierte de que si no se adoptan otro tipo de medidas que atajen la causa principal del problema (los reservorios de fauna silvestre), el objetivo para 2018, fijado en el 2,25 por 100 de prevalencia, corre también un serio riesgo de no cumplirse. Hasta ahora, no se ha actuado para controlar la enfermedad en la fauna silvestre, particularmente jabalíes, de los que solo se examinará un 3 por100, cuando se conoce que el índice de prevalencia es del 10 por 100 y que en las regiones más afectadas este porcentaje aumenta hasta llegar al 32 por 100 en Castilla-La Mancha, el 25 por 100 en Extremadura y el 21 por 100 en Andalucía.

Por el contrario, se actúa exhaustivamente sobre en el ganado, a pesar de no ser el foco del problema, sometiendo a controles a más del 90 por 100 de los animales y sacrificando cerca de 30.000 vacas al año, lo que genera la ruina de los ganaderos afectados.

La Unión de Uniones ha pedido en multitud de ocasiones poder realizar una prueba de contraste para evitar sacrificios innecesarios. Siempre se ha denegado, alegando la administración que esta prueba es “única en el tiempo”, dado que no se pueden reproducir las mismas condiciones en las que se llevó a cabo. Los ganaderos dudan de su fiabilidad, dado que, de repetirse, podrían darse resultados muy distintos.

En lugar del contraanálisis, el nuevo plan incluye la posibilidad de que el ganadero designe un veterinario que esté presente, previa autorización de la Administración, para que contraste la correcta ejecución de las pruebas. En estos casos, la Administración nombrará a otro veterinario para que también contraste la prueba, cuyo dictamen será el que valga en caso de discrepancia.

La realidad es, y también lo ha puesto de manifiesto la Unión de Uniones, que el problema no se gestiona de manera que se avance positivamente, sino todo lo contrario, lo que genera graves perjuicios a los ganaderos sin que, de momento, se vislumbre la solución (y no se olvide que, a causa de este problema, desde el año 2005, ya se llevan sacrificadas 370.000 vacas).