Uno de los temas que nos deben de preocupar y mucho es el de la situación de la población que vive y medra en nuestro medio rural.

Si se analizan los últimos datos publicados de la EPA (Encuesta de Población Activa) a finales de octubre del año pasado, el paro a nivel nacional se sitúa oficialmente en unos 3,75 millones de personas (un 16, 31 por 100 de la población potencialmente activa en España). Estos datos, aunque no incluyen los parados de larga duración, muestran que la situación global ha mejorado sustancialmente en los últimos meses.

No obstante, la situación en el medio rural, especialmente desde una perspectiva cualitativa, no refleja esta realidad. Actualmente, el riesgo de pobreza y de exclusión social en España es significativamente mayor en las zonas rurales que en las ciudades. En concreto, el 37 por 100 de la población española que vive en los pueblos tiene más posibilidades de caer en la pobreza que una persona que vive en la ciudad (últimos datos de la tasa AROPE, el indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social).

No debe minusvalorarse el hecho de que el medio rural español sufre cuatro problemas muy graves: la despoblación, el abandono, el envejecimiento y la masculinización. A estos problemas demográficos hay que sumar aspectos económicos como las perspectivas de futuro del empleo en un entorno cada vez más mecanizado y el efecto de los aspectos medioambientales como la desertización y la gestión de los acuíferos; es verdad que a nivel de la Unión Europea tampoco la situación es boyante; 61 millones de personas de entre 15 y 64 años viven en zonas predominantemente rurales. De ellas, solo un 18,5 por 100 tiene titulaciones de enseñanza superior y cerca del 14 por 100 se enfrenta a una tasa de ocupación que no llega a la mitad de la media europea.

Actualmente, en España, el desempleo en el sector agrario se sitúa en 155.111 personas. Con carácter global, los niveles de protección contra el desempleo se situaron en el 57,9 por 100 en el mes de noviembre, por lo que la cobertura aumentó un 4,1 por 100 frente a la que se registró hace un año (55,7 por 100).

No obstante, no hay que olvidar dos datos; por una parte, según los sindicatos, en el año 2017, a causa de la sequía, se perdieron del orden de unos 5,5 millones de jornales y, por otra, los contratos indefinidos en el sector agrario suman un total de 6.375, 168 menos que en el mes anterior (2,57 por 100) y 1.815 menos (39,80 por 100) que en 2016. De los 6.375 contratos mencionados, 5.203 son indefinidos bonificados, 16 indefinidos para personas con discapacidad, 5.219 indefinidos iniciales y 1.156 convertidos en indefinidos.

Es decir, que la calidad del empleo en el medio rural deja mucho que desear; esta es otra de las razones por las que surge otro de los graves problemas de nuestro medio rural: la falta de relevo generacional (cuando la creciente tecnificación del mismo, a nivel informático y robótico, va requiriendo de una mano de obra directa cada vez más preparada y actualizada).