La Junta impulsa un Comité de Coordinación para dar respuesta a las necesidades de los productores agroganaderos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la puesta en marcha en los próximos días un Comité de Coordinación integrado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) Asaja, UPA y COAG y por Cooperativas Agroalimentarias con el fin de hacer seguimiento, coordinar y desarrollar líneas de actuación para dar respuesta a las demandas del sector agropecuario «y poder llegar a grandes avances en un futuro inmediato».

Así ha quedado establecido en la reunión que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, y en la que han estado también el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, así como el máximo responsable en Castilla-La Mancha de ASAJA, José María Fresneda, el de UPA, Julián Morcillo, el de COAG, Estanislao Galve, y el de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, según ha informado la Junta mediante nota de prensa.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el consejero de Agricultura ha anunciado la creación de este Comité y ha mostrado la voluntad del Gobierno regional de dar solución a los problemas que estén en su mano, siempre de la mano de las OPAS, «manteniendo cuantas reuniones sean precisas, escuchando e intentando plasmar las medidas que puedan ser competencia del Gobierno regional, del Ministerio, de la Unión Europea, mediante la interlocución con el ministro o a través de otras herramientas como el Comité de las Regiones que se celebrará en Bruselas en el mes de abril».

En su intervención, el consejero ha enumerado algunas de las medidas que se han puesto en marcha en los últimos días por parte del Ejecutivo autonómico para dar solución al problema de la falta de liquidez de los agricultores con la firma de un convenio regional con entidades financieras con tipos de interés preferente para agricultores y ganaderos. Una acción que se complementará con los instrumentos financieros del Ministerio y con los que colaborará la Consejería económicamente «para la implementación, por ejemplo, de los avales Saeca», ha explicado Martínez Lizán.

Otra cuestión que el consejero ha confiado quede resuelta en los próximos días, y que se verá en el Comité de Coordinación, es el plan de ordenación de las zonas ZEPA para esta próxima campaña. En ese sentido, ha explicado que «esperamos conseguir una continuidad con las líneas marcadas en periodos anteriores para facilitar el desarrollo agronómico en las zonas de influencia de protección de aves esteparias» y así los agricultores sepan a qué atenerse a la hora de realizar sus solicitudes PAC.

Respecto a la preocupación por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, Martínez Lizán ha detallado que el Ministerio ya ha anunciado la creación de una agencia que completará la Ley, mientras que la Comisión Europea ha manifestado su interés en trabajar en la cadena alimentaria para proteger al sector.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha solo en los últimos cuatro años ha realizado 679 controles, imponiendo 126 expedientes sancionadores. «Una tarea en la que va a continuar con 240 controles que realizará la Administración este año de oficio, «y seguimos abiertos a la colaboración de cualquier agricultor u organización que lo quiera plantear para que hagamos controles en aquellos sitios donde se pueda estar cometiendo alguna desvirtualización en la venta de los productos y en ese sentido seremos inflexibles». El Gobierno también esperará cualquier cambio normativo que haya al respecto tanto del Gobierno de España como de Europa para mejorar la aplicación de esta Ley.

En cuanto a la petición de impulsar mayor agilidad en la tramitación de los expedientes, el consejero ha indicado que esta campaña se han juntado dos factores, por un lado, las dificultades por las que atraviesa el sector para la implementación de las nuevas medidas reguladas en la normativa, como los ecorregímenes, y por otro el inicio del nuevo programa de la PAC que regula nuevas formas administrativas de gestión. Todo ello ha provocado problemas que «vamos a intentar solucionar para que a partir de ahora la agilidad sea mucho mayor y los pagos sean lo más dinámicos posible».

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