El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto-ley de ayudas extraordinarias al sector del viñedo de secano y a las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (Atesve) para el asesoramiento técnico en esta materia.

En concreto, la Junta destina al sector una dotación de seis millones de euros con el objetivo de intentar paliar la situación de sequía que padeció el sector, que se «quedó fuera» de las ayudas en esta materia concedidas en 2023 por el Gobierno central y la Consejería de Agricultura del anterior Ejecutivo regional.

Estas ayudas –anunciadas en la reciente edición del certamen Iberovinac por parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola– las otorgará ahora el Ejecutivo extremeño mediante concesión directa a los titulares de explotaciones de viñedo de secano en la comunidad, y estarán sometidas al régimen de mínimis.

Podrán ser beneficiarias aquellas personas que sean titulares en el registro de explotaciones de viñedo; y entre otros requisitos deberán estar en situación regular en el Registro Vitícola.

De igual modo, los beneficiarios deberán tener igual o más de tres hectáreas de uso de viñedo de secano validado, según ha explicado en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.

En cuanto a las cuantías de las ayudas, serán de 110 euros por hectárea para los agricultores a título principal a fecha de 31 de diciembre de 2023, y de 90 euros para los viticultores que no sean agricultores a título principal, todo ello hasta un máximo de 8.000 euros por explotación.

De este modo, se pretende llegar a los 6.000 titulares de explotación de viñedos y a la «práctica total» de la superficie de viñedo de la región (60.000 hectáreas).

También, las ayudas, al ser de concesión directa y mediante lo que se ha solicitado en la Solicitud Única del Registro de Explotaciones 2023, se concederán directamente a los viticultores «sin que tengan que realizar ningún tipo de trámite».

ATESVE

Por otra parte, las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (Atesve) contarán ahora con 1.550.000 euros de presupuesto en ayudas para hacer frente al salario del personal técnico que se dedica a asesorar a los agricultores.

En concreto, un máximo del 75,4 por ciento por cada mes de contrato, aunque puede subir hasta el 85,8 por ciento si las agrupaciones han realizado durante 2023 trabajos de investigación, ensayos o implementación de nuevos modelos o técnicas para la gestión de las plagas.

Mercedes Morán ha destacado el «papel fundamental» de las Atesve para una «adecuada» gestión de la sanidad vegetal en una región con más de 14.000 explotaciones ligadas a una de ellas, y que éstas llegan a más de 220.000 hectáreas de superficie cultivada.

Así, están repartidas por todo el territorio y especializadas en cada cultivo de la zona donde estén implantada, «siempre bajo la coordinación» de los técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la consejería.

Estas Atesves, que son las antiguas Atrias, dan un servicio de asesoramiento para el seguimiento, control y prevención de las plagas. «Por ello, el apoyo a su labor es capital para garantizar la sanidad vegetal de nuestros cultivos, de nuestra producciones», ha espetado la consejera.

Según ha recordado la consejera, estas agrupaciones reciben anualmente fondos públicos, pero en 2023 se encontraron al llegar al gobierno con que las bases reguladoras debían adaptarse a un nuevo reglamento que se había publicado en 2022 y a ciertos condicionantes técnicos-jurídicos.

«Es verdad que en el año 2023 a finales sacamos esas bases reguladoras para ese año de las Atesves pero no dio tiempo a hacer el pago que ahora recogemos en este decreto ley», ha añadido.