Las áreas rurales, en general, sufren un fuerte éxodo rural propiciado por la falta de reno­vación generacional, por una pérdida continua de habitantes y por un cada vez más acusado envejecimiento de sus censos.

De acuerdo con el documento de trabajo publicado hace unos meses por la Comisión de Despoblación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que ratifica mis afirmaciones, más de 4.000 municipios españoles, más de la mitad de todos los que hay en el ámbito del Estado, se enfrentan en la realidad 2016/2017 a un riesgo cierto, más o menos severo, de extinción a medio o largo plazo (hace sólo cinco años, de todos los municipios que tiene España eran el 59,8 por 100 los que no superaban los 1.000 habitantes; ahora represen­tan el 61 por 100 y, de seguir las actuales tendencias, en el año 2025 serán más del 70 por 100).

De acuerdo con el último trabajo publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística)  a finales del pasado mes de diciembre, se pone claramente de manifiesto que la inmensa mayoría de las provincias o auto­nomías uniprovinciales españolas han perdido habitantes durante el último año.

Un total de 36 municipios españoles han vis­to caer sus censos demográficos y, en algunos casos, lo han hecho en porcentajes que en un año superan el 1 por ciento. En este marco se confirma que desgraciadamente las mayores pérdidas de pobla­ción se concentran en las áreas rurales (entre los años 2015 y 2016 las mismas han perdido casi 55.000 habitantes).

Estas pérdidas corresponden mayoritariamente a mu­nicipios que ya están afectados desde hace muchos años por acusados procesos de despoblación. En este marco, es especialmente preocupante la situación en provincias tales como Soria, Teruel, Zamora, Ávila o Burgos, en las que en estos mo­mentos más del 90 por 100 de todos sus municipios tienen menos de 1.001 habitantes.

Como es lógico, existe una correlación entre la realidad del mercado laboral zonal y la despoblación. Pese a la ligera recuperación económi­ca y al aumento en la masa total de afiliados a la Seguridad Social en España, hay provincias en las que los incrementos netos de em­pleo son realmente mínimos. Entre esos casos se encuentra Teruel, quizás el caso  más paradigmático de la mencionada correlación entre baja creación de empleo y la despoblación.

Lo expuesto justifica o aclara lo que sucede actualmente en los pequeños municipios. En ellos, efectivamente, la falta de oportunidades laborales condu­ce a una espiral de pérdida de habitantes progresiva.

Por esta razón, como tantas veces he expuesto en mis conferencias, es de una gran   importancia empezar a arbitrar, a nivel nacional y para el medio rural, medidas reales de fomento del empleo. Medidas de esta naturaleza son las que, en mi opinión, pueden llegar a contribuir a reducir la despoblación rural y a favore­cer, en ciertos casos, paralelamente, dinámicas positivas de fijación de habitantes y de captación de nuevos pobladores.

De no tomarse medidas estructurales importantes en este sentido a corto plazo y a nivel del Estado, la situación puede hacerse definitivamente irreversible con todo lo que ello supone de negativo para el equilibrio y el desarrollo territorial de España y para la conservación efectiva del medio y de la cultura rural en el sentido amplio de la palabra.