Se trata de la sexta iniciativa que ha cosechado más de un millón de apoyos de ciudadanos de toda la Unión Europea,según ha informado este miércoles la CE.
En su respuesta, la Comisión presenta los planes de una propuesta legislativa de aquí a 2023 para prohibir las jaulas para varios animales de granja.
Dicha propuesta formará parte de la revisión en curso de la legislación sobre bienestar animal en el marco de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”.

Esta iniciativa ciudadana refleja la demanda de una transición hacia sistemas agrícolas “más éticos y sostenibles”, incluida una revisión de las normas vigentes de la UE en materia de bienestar animal.
En particular, la propuesta de la Comisión se referirá a animales ya recogidos en la legislación, es decir, gallinas ponedoras, cerdas y terneros.
En cuanto a otros animales mencionados en la ICE, como son los conejos, pollitas, reproductoras de gallinas ponedoras, reproductoras de pollos de engorde, codornices, patos y gansos, la CE ya ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que complemente las pruebas científicas existentes para determinar las condiciones necesarias para la prohibición de las jaulas.

Paralelamente a la legislación y para facilitar una transición “equilibrada y económicamente” viable hacia una ganadería sin jaulas, la CE estudiará medidas de apoyo específicas en ámbitos políticos “clave” relacionados, tales como el comercio y la investigación y la innovación.
En particular, la nueva Política Agrícola Común (PAC) aportará apoyo financiero e incentivos para ayudar a los agricultores a mejorar sus instalaciones y hacerlas “más respetuosas con los animales, en consonancia con las nuevas normas”.

Además, los Estados miembros podrán recurrir al Fondo de Transición Justa y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para apoyar a los agricultores en la adaptación a sistemas sin jaulas.
La Comisión estudiará además las consecuencias socioeconómicas y medioambientales de las medidas que se adopten y los beneficios para el bienestar de los animales en una evaluación de impacto que se completará antes de finales de 2022.
A este respecto, se llevará a cabo una consulta pública a más tardar a principios de 2022 para estudiar si es viable esforzarse por que la legislación propuesta entre en vigor a partir de 2027.