El sector del Ibérico no logra encontrar una paz duradera

No cesa la polémica en este sector. Por una parte, los ganaderos de cerdo ibérico exigen modificaciones urgentes en la norma de calidad; por otra, ha surgido otro movimiento de ganaderos del sector de Extremadura, Andalucía y Salamanca que reprueban el nuevo protocolo de inspección publicado por la ENAC.

250 ganaderos se ha reunido para mostrar el malestar del sector por la excesiva burocracia, así como proponer las modificaciones que consideran urgentes llevar a cabo en la actual norma de calidad; también solicitan la paralización del nuevo protocolo de inspección publicado por la ENAC, en el que se establece la ejecución de inspecciones sorpresa, reflejando que, en caso de no poder realizarla porque el ganadero no se encuentre allí y no haya podido ser localizado, se retirará la certificación.

Para los ganaderos, la normativa para el cerdo Ibérico es, “cuando menos, severa y peca de exceso de burocracia, perjudicando sobremanera al bolsillo del ganadero, ya que tiene que asumir costes adicionales para el control de su producción por parte de ITACA, certificadoras y ASICI”.

Los ganaderos también solicitan, entre otras cuestiones, poder elegir entre el Duroc de prototipo racial y el Duroc inscrito en el Libro Genealógico, ya que este último cuenta con buenas actitudes cárnicas para cebo, si bien no es idóneo para montanera, debido a que este animal se caracteriza, entre otras cuestiones, por su tranquilidad en la búsqueda de bellota y por ser frío a la hora de cubrir a las hembras.

También piden que se vuelva a introducir una nueva categoría de ‘recebo’ para aquellos animales de bellota que no han llegado al peso idóneo por pocos kilogramos y no tener así la necesidad de ser calificado como cebo de campo; solicitan también la rebaja de dos meses para el cebo, debido a la evolución positiva tanto por la genética como por la alimentación animal; se propone que la cantidad de animales por hectárea que entren en montanera esté estipulada por un cupo por explotación definido por la capacidad de alimento generado en cada explotación adehesada. Esto permitirá al ganadero contar con la seguridad necesaria para que sus animales sean certificados como Ibérico de bellota; piden también el aporte en muy pequeña cantidad de un suplemento alimenticio, como es el pienso, a fin de que el producto resultante tenga unas óptimas características organolépticas. De esta forma, se asegura una mejor calidad de los productos, como los jamones y las paletas.

Paralelamente y en plena controversia sobre la Norma de Calidad, la ENAC ha vuelto a suspender la actividad inspectora de Certibérico Charro S.L., empresa adquirida recientemente por Certicalidad (que es una de las mayores empresas que inspecciona y certifica los procesos de producción de los productos ibéricos). Como se recordará, tiene suspendida temporalmente su licencia de actividad de inspección desde el mes de noviembre de 2017 (al ser suspendida Certicalidad en noviembre por la ENAC, don Francisco Caballero adquirió la mencionada sociedad de inspección).

Ahora, para acabar de complicar la situación, la mencionada Certibérico Charro ha vuelto a ser sancionada por la Entidad Nacional de Acreditaciones (ENAC) alegando “incumplimientos graves en sus labores de inspección”, según se ha publicado en economiadigital.es (cabe recordar que Certibérico Charro ya estuvo igualmente suspendida de sus controles de inspección durante cinco meses el año pasado por la ENAC, para recuperarla posteriormente). Ello, lógicamente, genera un problema añadido al ganadero. Por esta razón, APAG Extremadura ASAJA ha solicitado que el Ministerio dé un plazo de 30 días a la certificadora con el fin de que envíe toda la documentación necesaria para que los ganaderos puedan vender sus cerdos dentro de la norma. Cabe destacar que el plazo de 30 días se ha permitido siempre por parte del Ministerio. Se pide este plazo con el fin de que la certificadora remita la documentación que necesita el ganadero.

La actividad fundamental de una empresa auditora consiste en garantizar que el producto se ajusta a las características redactadas en la etiqueta, que cumple con las normativas de aplicación y que el elaborador no se vale de ningún medio fraudulento para su venta.