España es un país que pasa con una relativa facilidad del blanco al negro y viceversa. Así, hemos pasado de matar a todo animal silvestre que se moviera (fuera por tierra, mar o aire) a tener serios problemas con la fauna silvestre por falta de unas adecuadas políticas de manejo de la misma; una política basada siempre en criterios profesionales; es decir racionales (lógicos) y éticos.

En el momento de escribir estas líneas, hay una serie de Comunidades Autónomas en las que los conejos silvestres están causando significativos estragos en las explotaciones agrícolas y en el entorno en general. Ello ha dado lugar a que, en los últimos meses y especialmente en los últimos días, se hayan incrementado muy significativamente las quejas de los agricultores y las concentraciones de protesta convocadas por las distintas organizaciones agrarias. Debe tenerse bien en cuenta que la condición cinegética de esta especie impide que pueda declararse plaga de conejos, de acuerdo a la normativa nacional y europea.

Estos conejos, sin enemigos naturales que los controlen (es el famoso tema de los equilibrios naturales) anidan y se refugian en multitud de sitios (al margen de la superabundancia de estos animales en los cotos de caza de muchos pueblos de España y el problema que generan las fincas abandonadas); entre ellos están en los terraplenes y zonas aledañas a las autopistas, a las autovías y a las carreteras, que dependen en su mayor parte del Ministerio de Fomento. También se pueden encontrar con facilidad en los ribazos de los ríos, que están en manos de las Confederaciones Hidrográficas y en los montículos que se han formado cuando se han construido las vías del AVE, que dependen de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

A pesar de la gravedad del problema, ninguna de las tres instituciones citadas afronta con responsabilidad la situación. Además, el departamento responsable de los cotos de caza en cada Comunidad Autónoma (que en bastantes casos no es la Consejería de Agricultura) tampoco actúa, en general, como sería necesario, lo que manifiestamente perjudica tanto a los agricultores (y a los ganaderos, claro) como a los propios dueños de los cotos (quienes, por cierto, se han de hacer cargo de las indemnizaciones como marca la Ley de Caza).

No por último, se hace preciso, aun aceptando la complejidad de la cuestión, modificar la línea de seguros por daños de la fauna silvestre; los agricultores que suscriben esta póliza no son en absoluto culpables de la presencia masiva en sus tierras de conejos un año sí y otro también. Lamentablemente, Agroseguro les considera parte del problema y las penalizaciones que les impone cada año hacen que esta línea de seguros termine siendo poco menos que inservible.

En definitiva, se trata de un problema realmente importante, que va en aumento año tras año y que debe afrontarse con urgencia. Tal y como está hoy la situación se puede aplicar aquí aquel viejo adagio que dice: “entre todos la mataron…y ella sola se murió”.