La ministra hizo este anuncio tras presidir la primera reunión convocada por el actual Gobierno del Grupo Institucional para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que integra a las comunidades autónomas y las entidades locales

El documento base ha sido elaborado y aprobado por la Comisión de Despoblación constituida en el seno de la FEMP, que el año pasado decidió tomar la iniciativa para impulsar un plan estatal contra el desierto demográfico que ya amenaza a media España. Hay que tener en cuenta aquí que la mitad de los municipios españoles se encuentran en riesgo más o menos severo de extinción.

La FEMP está compuesta por representantes de PSOE, PP y Unidos Podemos, siguiendo los criterios de proporcionalidad parlamentaria, siendo todos ellos miembros o responsables de corporaciones locales de toda España. Este documento se eleva a la Junta de Gobierno de la FEMP para su ratificación y, posteriormente, se traslada al Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico (este Comisionado fue creado por decisión del Consejo de Ministros del 27 de enero del presente año).

En el diseño, elaboración, debate y aprobación de este documento se han invertido nueve meses de trabajo que ha abarcado tanto el aspecto técnico como el político. En su redacción han participado expertos. El mencionado documento contiene un total de 80 medidas concretas; de ellas dos afectan al plano de la organización institucional con la finalidad de implicar de forma coordinada a todas las administraciones públicas a las que incumbe poner en práctica las acciones previstas. Las 78 medidas restantes son medidas específicas que están agrupadas en seis líneas estratégicas: economía y empleo; servicios públicos y sociales; infraestructuras; comunicaciones y transporte; medidas en materia de vivienda; incentivos demográficos; y medidas de apoyo al medio rural en materia de cultura, identidad y comunicación.

El Presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP, don Juan Antonio López Quero que también es Presidente de la Diputación de Zaragoza, ha insistido en la necesidad de pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos y, paralelamente, ha hecho un llamamiento al Gobierno y a las comunidades autónomas a comprometerse con esta hoja de ruta.

Según El Presidente de la Comisión: “no hay tiempo que perder y no valen ya las declaraciones de buenas intenciones ni seguir dispersando esfuerzos, hay que actuar de forma rápida y decidida para atajar un problema que es de primer orden y de Estado en perspectiva social, económica y cultural”.