El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante ha investigado penalmente a diez personas y denunciado administrativamente a doce por presuntamente formar parte de una trama criminal que supuestamente sacrificaba clandestinamente ganado que debía ir al matadero, en ocasiones porque había sido decretado por las autoridades sanitarias, para la venta ilegal de la carne.

La denominada ‘operación Chiqueros’ se inició con una primera inspección en una explotación ganadera, ubicada en la localidad de Alicante, en la que el Seprona localizó 100 ejemplares de las especies ovina y caprina, a los que habían arrancado los crotales para impedir su identificación, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los animales estaban «hacinados, heridos y desnutridos, en pésimas condiciones higiénico sanitarias y sin control veterinario». Por ello, los agentes inmovilizaron los animales y comenzaron la investigación para averiguar su procedencia.

Gracias a que alguno de ellos estaba identificado mediante bolo ruminal, los investigadores pudieron averiguar que procedían de distintas explotaciones de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha. Desde estos lugares, debían haber sido trasladados a un matadero situado en Cartagena (Murcia) para su sacrificio, según figuraba en las documentaciones oficiales, pero al que nunca fueron trasladados.

Poco después, la Guardia Civil localizó en Cox (Alicante) otra explotación, en la que hallaron otros 200 ejemplares en circunstancias similares. En este caso, además, algunos animales procedían de explotaciones que habían dado positivo en tuberculosis.

Los investigadores han constatado que tres de los investigados se habían organizado actuando como un grupo criminal que se había especializado en este sistema. Presuntamente se hacían con los animales falsificando los documentos veterinarios de traslado a un matadero oficial en Cartagena para su sacrificio, algunos incluso cuya destrucción había sido decretada por las autoridades sanitarias.

Sin embargo, en lugar de ser enviados a este matadero, supuestamente eran desviados ilegalmente hasta las explotaciones de Alicante y Cox, en las que eran sacrificados para su venta irregular.

Los agentes descubrieron que algunos de los ejemplares habían sido robados en las explotaciones de origen; mientras que en otras ocasiones, ofrecían a los ganaderos un precio más alto que el que les sería pagado en el matadero, y que la banda recuperaba después con la venta ilegal de la carne.

«RIESGO DE CONTAGIO»

En el total de la operación, se han inmovilizado 305 ejemplares de ambas especies, ovina y caprina, y se ha decretado el sacrificio y destrucción de los mismos, «dado el riesgo de contagio a otros ejemplares, así como el riesgo derivado por su consumo, al no poder acreditarse las enfermedades y tratamientos veterinarios por la falta de trazabilidad».

La Guardia Civil ha investigado penalmente a diez personas –nueve hombres y una mujer– por delitos contra la salud pública, maltrato animal, receptación, falsedad documental y simulación de delito.

Además, han denunciado administrativamente a otras doce hombres, de entre 31 y 79 años, por infracciones recogidas en la Ley 6/2003 de Ganadería de la Comunitat Valenciana, por el movimiento de animales sin emisión de documento sanitario de traslado; falta de trazabilidad e identificación de los animales; no emisión de la preceptiva información sobre la cadena alimentaria; falta de autorización de instalaciones y sacrificio ilegal de animales; y la utilización fraudulenta de marcas identificativas. Estas infracciones están sancionadas con multa desde 600 hasta 1.200.000 euros.

Las diligencias instruidas por los agentes del Seprona han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante. Por su parte, los expedientes administrativos han sido remitidos a las Direcciones Generales de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia y a la Dirección General de Salud Pública de la Región de Murcia, autoridades competentes para entender del caso.

La operación ha sido desarrollada por la Patrulla del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, que ha contado con la colaboración de los Inspectores y Veterinarias de las Oficinas Comarcales Agrarias de Alicante y Orihuela, y el personal de la empresa pública VAERSA, dependientes de la Conselleria de Agricultura, que han participado en la identificación, marcado y saneamiento de los animales hallados en estas dos explotaciones clandestinas.