La Policía Nacional ha informado hace cuatro días de la existencia de más de 30.000 Kg. de carne congelada caducada, almacenada y a la espera de ser distribuida en colegios, hoteles y restaurantes de Mallorca.

El pasado miércoles en el marco de la llamada operación Biltong (un tipo de carne seca procedente de regiones del sur de África) la Policía Nacional ha informado que se ha procedido a la detención del propietario de la empresa y dos de sus empleados, que han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado. Los agentes se han incautado de un total de 50 toneladas de productos congelados caducados, que habían sido manipulados para alterar su fecha de caducidad y ser vendidos como frescos a sus clientes, entre los que figuraban varios colegios. La mencionada empresa de distribución cárnica de Mallorca vendía alimentos congelados caducados haciéndolos pasar por frescos a restaurantes, hoteles y colegios de toda la isla desde hace al menos un año.

La policía encontró dos naves propiedad del empresario en las que se detectaron numerosas irregularidades. En una de las cámaras frigoríficas los agentes hallaron 30.000 kilos de carne congelada caducada, que había sido modificada y manipulada y no tenía etiquetas sobre su trazabilidad.

En la misma cámara, encontraron otros productos, como salmón ahumado y pulpo cocido cuya fecha de caducidad había vencido hacía más de tres años. “La empresa no ha documentado la procedencia, la fecha de compra y de caducidad de los productos. Esto unido al análisis de uno de los clientes sobre una partida de carne que dio positivo en salmonella nos permite hablar de un posible delito contra la salud pública”.

El jefe del grupo primero de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), don Gonzalo Calleja, ha relatado que las investigaciones partieron a raíz de un trabajador de la empresa que acudió a principios de mes a la policía para denunciar las condiciones de trabajo a las que era sometido en la empresa.

Los agentes realizaron unas siete visitas a las naves de la empresa cárnica y también a sus proveedores y clientes para comprobar algunos de los hechos narrados en la denuncia.

Los agentes encargados de la investigación y del departamento de Seguridad Alimentaria del Gobierno balear no han hallado casos de personas que hayan enfermado a raíz del consumo de productos previamente distribuidos por la empresa. “Que no tengamos constancia de ello no quiere decir que no los haya” ha señalado el señor Calleja, que ha incidido en que tampoco tienen constancia de las cantidades de pollo, ternera u otros productos cárnicos que pudieron ser distribuidos sin cumplir las condiciones sanitarias adecuadas.

Además de los productos caducados, los empleados llevaban a cabo prácticas “de riesgo” a la hora de descongelar alimentos, ya que lo hacían sumergiendo el producto en grandes tanques de agua caliente, lo que podía conllevar “riesgos para el consumidor” según ha explicado la jefa del servicio de seguridad alimentaria de la Dirección General de Salud del Gobierno balear, doña Margalida Buades.

Otra de las actitudes recurrentes de los empleados era la de quitar las partes más dañadas de los productos para devolvérselos al cliente cuando se quejaba del estado de los alimentos.

La policía también ha constatado durante la investigación las condiciones laborales a las que estaban sometidos los seis empleados de la empresa. “Condiciones de 60 horas a la semana, salarios de entre 600 y 800 euros, sin dar de alta a la seguridad social a algunos trabajadores y sin pagas extra ni vacaciones, como contempla el convenio del sector cárnico”, ha señalado el señor Calleja. Solo en impago de cuotas a la Seguridad Social la investigación ha constatado un fraude de más de 50.000 euros.

Además de los abusos laborales, los empleados eran obligados, según los investigadores, a adquirir su propio material de trabajo para poder realizar sus funciones de forma segura. No tenían cuchillos para el corte y «utilizaban sus coches particulares para servir la carne congelada sin las condiciones de frío necesaria” según ha relatado el jefe de la UCRIF. El caso está en investigación en los juzgados de Palma.

La empresa tiene por el momento prohibida toda actividad por orden de la Dirección General de Salud.