Unión de Uniones ha dado su valoración de inicio de año sobre la situación del sector porcino, en la que ha constatado la caída de los precios de venta, aunque se ha mostrado «optimista» con el conjunto del sector, ya que los costes de producción también han disminuido.

Así, mientras que los precios han descendido un 8% en «las lonjas más representativas», los gastos operativos se han reducido un 10%, llamando a «una cierta estabilización».

No obstante, pese a que dicha normalización del sector ha dejado «una balanza positiva», también ha provocado «un ligero aumento» de la producción, manteniendo a España en «una posición de liderazgo» en cuanto a la exportación de este alimento a la Unión Europea y China.

La organización ha insistido «no bajar la guardia», en especial por el contexto político a nivel mundial que estaría «impactando de lleno» en las estrategias de los mercados y en los acuerdos comerciales con terceros países en forma de táctica que «trasciende al comercio en sí mismo».

En la misma línea, se ha pedido «precaución» en el avance de la peste porcina africana (PPA), que ya se encuentra muy cerca de Francia, y ha instado a «extremar» los controles y vigilancia para evitar que la enfermedad entre en la Península.

Por otra parte, ante la entrada en vigor de distinta normativa durante este 2025, Unión de Uniones ha pedido «flexibilidad, simplificación burocrática y una adaptación gradual», particularmente a las pequeñas explotaciones.

Por ello, ante el comienzo de aplicación en marzo de 2025 del Real Decreto 159/2023 de medidas de bienestar animal, se ha solicitado una moratoria y medidas de flexibilización para poder facilitar a las granjas su adaptación a «las altas exigencias» de la mencionada norma, que implica una bajada de las densidades de hasta un 15% en un contexto «de dificultad» de construcción de nuevas naves.

Asimismo, la organización ha solicitado una evaluación e información de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) por la aplicación del Real Decreto 306/2020 de ordenación porcina, que establece una obligatoriedad del cumplimiento a partir del 1 de enero de 2024.

Respecto a los límites de las emisiones industriales permitidas, durante el año pasado se modificó la directiva 2010/75/UE10, incluyendo a explotaciones más pequeñas.

La organización ha elaborado propuestas que se han presentado a la administración sobre la simplificación burocrática del sector y para mejorar la gestión del sistema de recogida y destrucción de animales muertos.