Asaja Huesca y Lérida han criticado las repercusiones del Real Decreto del porcino, que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones españoles y entrará en vigor el próximo 9 de marzo, por lo que han pedido una moratoria en su aplicación hasta fin de año para trabajar en su modificación.

El secretario general de Asaja Huesca, Ramón Solanilla, ha manifestado que la aplicación de esta nueva normativa supondría la reducción de entre un 10 o un 15 por ciento de la carga ganadera de las explotaciones de porcino, lo que significaría «una reducción de 800.000 animales» y 80.000 toneladas menos de carne.

También ha subrayado las pérdidas económicas que supondría para las dos provincias, que concentran la mitad de la producción a nivel estatal, no sólo para los ganaderos sino para todos los sectores en torno al porcino. «También afecta a todos los sectores que están alrededor del porcino, como mataderos, transformación, agroindustria, transporte o fábricas de piensos», es decir «la pérdida económica para las dos provincias sería muy importante», ha dicho.

Por otro lado, los ganaderos oscenses e ilerdenses tienen que hacer frente a la rebaja de 30 a 15 días en los PCR de lengua azul, lo que está ocasionando «importantes incidencias en la exportación con graves costes para los ganaderos».

El presidente de ASAJA Lérida, por su parte, ha incidido en los altos costes del seguro agrario que «deja a ganaderos y fruticultores al borde de endeudarse para su contratación».

Asimismo, ha cargado contra el Tratado UE-Mercosur, que «perjudica seriamente a los agricultores y ganaderos europeos, especialmente a provincias como Huesca y Lleida con modelos generalizados de explotaciones familiares agrarias».

«Desde Asaja se exige que todos los productos que entren de terceros países se equiparen a los estándares de producción de la UE, tanto a normativas de bienestar animal, regulaciones de fitosanitarios, normativas medioambientales, obligaciones laborales y sociales», ha remarcado Pere Roque.

Solanilla ha añadido que «hay que adaptar la normativa a nuestras explotaciones, no al contrario», a lo que ha sumado que Aragón cuenta con una legislación más restrictiva que la nacional por la Ley de Agricultura Familiar.