El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha alertado de las consecuencias «dañinas» de la aplicación del reglamento europeo de bienestar animal para el sector ganadero, hasta calificarlo de «disparate» y reclamar «modificaciones sustanciales».

Así lo ha expresado este martes el jefe del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la inauguración de FIGAN, donde ha asegurado que el eurodiputado ‘popular’ aragonés Borja Giménez Larraz «está trabajando seriamente para que algunos de los artículos que tiene ese reglamento se puedan ver modificados».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «ya ha aprobado una moratoria –hasta marzo de 2026– fruto de la presión que hemos hecho desde las comunidades autónomas, especialmente desde Aragón, para que se apruebe esa moratoria y que ese reglamento de bienestar animal, que es un disparate en muchos de los artículos», ha expresado Azcón, al tiempo que ha exigido «cambios importantes».

Las consecuencias de la aplicación de esta normativa europea que el MAPA ha de transponer serían «muy dañinas» para el sector: «Estamos hablando de reducir en un 14% el espacio que podrían tener granjas de porcino». Esta medida tendría un impacto económico «desastroso» en muchos casos, ha estimado, ya que muchas de las granjas pertenecen a jóvenes y al verse reducidas serían «inviables».

En este punto, Azcón ha criticado las «dificultades» que las políticas europeas están trasladando a los ganaderos: «No tienen sentido, hemos conseguido una moratoria hasta marzo del 2026, pero es evidente que el trabajo no acaba aquí, hay que seguir trabajando para que Europa y el Ministerio sean conscientes de las dificultades que tiene la ganadería y las granjas, que están realizando un trabajo increíble».

«Hay que ayudarles, no ponerles más impedimentos», ha apuntado el presidente aragonés, para referirse a la instalación de ‘macrogranjas’ porque «las cosas tienen que tener sentido y las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad de partido». Ha aclarado: «Si hay granjas que tienen un número de plazas y ese número de plazas lleva consigo un plan económico, es evidente que lo que no se puede hacer es reducir el número de plazas en esas granjas para hundir al ganadero que ha arriesgado, que ha tratado de emprender».

«Es una necesidad económica y social defender a nuestros ganaderos», ha dicho Azcón, quien ha reconocido la necesidad de respetar el medio ambiente, pero también «a los ganaderos que están en nuestro territorio que generan economía y puestos de trabajo».