A vueltas con las ‘presuntas ventas a pérdidas’

En los últimos tres o cuatro años, he escrito sobre esta cuestión no menos de media docena de veces y la he tratado reiteradamente en algunas de mis conferencias, seminarios e intervenciones en los medios sociales de comunicación, como, por ejemplo, en Onda Agraria; me estoy refiriendo a las famosas “supuestas o presuntas ventas a pérdidas” del último eslabón de la cadena alimentaria; es decir, del eslabón comercial.

En el presente año 2017 ha habido varias denuncias en el sentido de “venta abusiva”. A título de ejemplo, podría traer a colación el caso de las naranjas Navelina de Categoría 1 en el Carrefour Camas Aljarafe; los “sonados” casos del aceite de oliva y de la leche; también tuvimos el caso de la oferta, por parte de la cadena Condis, de pollo limpio y eviscerado a 1,59 euros/Kg (cuando se consideraba que, en función de los costes reales, este precio debía estar cerca de los 2 euros/Kg) y últimamente ha sido ASAJA Cuenca la que ha denunciado a Carrefour a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) por un posible caso de venta a pérdidas, en este caso de jamones curados.

Me parece evidente, en primer lugar, que, si estas presuntas “ventas a pérdidas” (a precios relativamente muy bajos) son reales, se banaliza a los productos ante el consumidor, lo que generalmente tiene repercusiones negativas posteriores en la demanda de estos productos cuando sus precios vuelven a alcanzar un nivel adecuado.

En segundo lugar, las denuncias a que dan lugar estos hechos, que son públicas (y de las que rápidamente se hacen eco los medios), perjudican claramente la imagen del producto afectado y, por ende, de la propia cadena.

En tercer lugar siempre se genera un daño económico al sector primario; es decir, al ganadero y al agricultor, porque estos “atípicos” bajos precios de venta al público (PVP) no van exclusivamente “a las costillas” del último eslabón sino que, al no existir las cadenas de valor (insisto por enésima vez en esta cuestión), repercuten negativamente, desde una perspectiva económica, en todos los eslabones  de la cadena alimentaria (y no olvidemos que el agricultor y el ganadero constituyen generalmente el eslabón más débil de la misma).

Personalmente, no me molesta que unidades del último eslabón de la cadena (sean, por ejemplo, hipermercados, supermercados, cadenas de tiendas o tiendas individuales) procedan a realizar en sus puntos de venta ofertas en base a una publicidad agresiva y a un PVP más bajo que el precio de coste al que llega el producto a sus expositores. Pero no me molestaría SIEMPRE Y CUANDO esta reducción de márgenes y posibles pérdidas afecten ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a estas unidades y, por lo tanto, no se trasmitan a los otros eslabones de la cadena (obviamente, con mi dinero, hago lo que me place).

En mi opinión, la AICA no puede solucionar esta situación, que no deja de ser un problema; lo que hace es poner parches en base a sanciones cuyos efectos son transitorios, porque no van al meollo de la cuestión.

La solución, para poder garantizar justiprecios a los ganaderos y a los agricultores (sin castrar la libertad que cada uno de los eslabones que están por encima del sector primario para proceder, en su seno y con su dinero, como crean más conveniente en cada caso) es mediante la estructuración real de las cadenas de valor.

Si el sector continúa con cadenas alimentarias, más o menos transparentes, seguiremos “matando hormigas a cañonazos”; triste pero cierto…y los agricultores y ganaderos sufriendo, en no pocas ocasiones, para poder sobrevivir (lo que no deja de ser, además de muy lamentable, perjudicial a medio plazo para el propio país que, poco a poco, va perdiendo tejido en el medio rural).

 

Carlos Buxadé Carbó.

Catedrático de Producción Animal.

Profesor Emérito.

Universidad Politécnica de Madrid.