Un total de 14 organizaciones se han unido para pedir al Ministerio de Agricultura que rechace el nuevo Reglamento Europeo Relativo al Transporte de los Animales ya que no defiende el Modelo Europeo de Producción, «no contempla ni se basa» en los problemas «reales» de Bienestar Animal de España y tendrá «graves consecuencias» para la producción ganadera española.

Las organizaciones Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas agro-alimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria defienden en el comunicado que han remitido a Agricultura que el nuevo Reglamento Europeo «no tiene suficiente base científica» y no asegura una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte respecto de la situación actual.

Así, sostienen que la solución debe ser trabajar para mejorar la implementación del actual marco legislativo y opinan que ni la propuesta de modificación «ha sido lo suficientemente trabajada», ni tampoco se ha estimado «adecuadamente» el impacto social, económico y medioambiental que tendría.

En concreto, creen que las medidas del nuevo reglamento «arriesgarían la sostenibilidad económica» de muchas áreas rurales, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían los intereses de países que ocupan una posición «privilegiada» para el comercio de animales.

De esta manera, inciden en que el nuevo reglamento supondría una carga administrativa «sin precedentes». Opinan que «no es viable» al impedir el comercio justo y equilibrado entre los países miembros de la UE debido a la limitación de las horas de viaje y de las temperaturas permitidas para el transporte. Además señalan que la propuesta implicaría más horas de trabajo nocturno, lo que supondría un coste mayor, más riesgos laborales, mayores dificultades para conciliar y un mayor riesgo para la seguridad vial, entre otros.

Centrándose en España, indican que el sector de producción animal español sufre una «clara discriminación» por su situación geográfica y condicionantes naturales. Creen que si la propuesta sale adelante, la capacidad exportadora de España se vería gravemente reducida y sería más caro consumir carne, huevos o pescado.

«Por todo esto, pedimos enérgicamente que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada, oponiéndose frontalmente a la misma (…) Todo el sector estamos unidos ante esta propuesta incoher.ente», aseguran conjuntamente los portavoces de estas organizaciones.

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