El Juzgado de Instrucción 2 de Granada tiene previsto retomar este martes desde las 9,30 horas las declaraciones que está tomando en el marco de la investigación por el cierre de la empresa cuya cárnica en Cájar, en el cinturón metropolitano, fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por un resultado laboratorial de presencia de listeria monocytogenes y que distribuyó productos en un establecimiento de Baleares.

Son dos los llamados a declarar, como investigados para preservar sus derechos al igual que los cinco que lo hicieron la semana pasada, entre ellos el delegado de Salud y Consumo de la Junta en la provincia, Indalecio Sánchez-Montesinos.

El jueves pasado por la mañana ya declaraban por este mismo asunto en sede judicial en La Caleta cinco de los cargos y funcionarios denunciados por la empresa. Según fuentes judiciales consultadas , todos continuaron en libertad tras sus declaraciones y sin medidas cautelares. Este martes había inicialmente previstas otras tres si bien una de ellas se suspendía tras el sobreseimiento para uno de los investigados, a petición de la Fiscalía.

Fuentes consultadas en la empresa resaltaron el hecho de que en sus declaraciones del jueves, en las que no participó la Fiscalía, los investigados respondieran a las preguntas de sus letrados pero se acogieran a su derecho a «no contestar» a las de la representación legal de la propiedad de la compañía, la cual, en todo caso, se mostraba confiada en «la justicia que sea capaz de esclarecer las cosas».

Estas mismas fuentes cuestionaron los testimonios que dieron en sus declaraciones los inspectores citados y apuntaron también a que justo el jueves pasado se cumplían dos años desde que está «la empresa precintada y cerrada» sin que, agregaron, «se haya hecho caso a las directrices que marcó la Subdirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en su videoconferencia del 9 de noviembre de 2023».

Desde la Junta, contra la que también fue la querella por su posible responsabilidad civil subsidiaria, se indicó  a finales del pasado junio, cuando trascendieron las citaciones a los cargos de Salud y desde el respeto al proceso judicial, que el procedimiento llevado a cabo por la Delegación Territorial se realizó «siempre en el marco de la responsabilidad que tiene respecto a la prevención y protección de la salud pública, es decir, de la protección de los ciudadanos y también de garantía de las empresas».

La querella de la empresa, que cesó su actividad tras este episodio, se formulaba por la presunta comisión de ilícitos de prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, y delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.

También por supuestos ilícitos de denuncia falsa, falso testimonio en causa criminal, coacciones y pertenencia a organización criminal, según especificaron en su día fuentes cercanas al caso consultadas.

Por otro lado, la Guardia Civil informó en noviembre de 2023 que había abierto diligencias con dos investigados vinculados a esta empresa sobre la que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, emitió la alerta alimentaria y abrió un expediente informativo tras tener conocimiento de la puesta en el mercado de productos que fueron inmovilizados cautelarmente por el citado resultado laboratorial.

Fue a finales de octubre de ese mismo año cuando Salud emitió la alerta alimentaria tras tener conocimiento por el control oficial de los servicios de inspección del Distrito Granada-Metropolitano de la puesta en el mercado de los productos que fueron inmovilizados.

No constaron afectados en relación con esta alerta alimentaria si bien la Junta informó en ese momento en una nota de prensa, los productos habían sido distribuidos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla así como en un establecimiento ubicado en Baleares.

Posteriormente se conoció que la Junta había reforzado los controles en la cárnica, en el marco de esta investigación en la que colaboró la Guardia Civil y conllevó en un primer momento a la limitación de la actividad a tareas de mantenimiento industrial, tras un primer cierre de su actividad al detectarse en algunos de sus productos presencia de listeria monocytogenes.