El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha detallado que este 2024 se mantendrá el presupuesto con el mismo importe que en el ejercicio 2023 en lo que respecta a las ayudas directas a la Política Agraria Común (PAC) –924,4 millones– en un momento «crucial» para el sector tras el primer año de aplicación de su reforma con novedades donde ha destacado por sus dificultades y la «mayor carga de ambición ambiental» con una «condicionalidad reforzada».

En el inicio de su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda para detallar las medidas recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) de su departamento para 2024, Dueñas ha puesto de relieve los «condicionantes» que han afectado a los sectores agrario y agroalimentario y de lo sucedido en el año 2023 y los primeros dos meses de 2024, con una nueva PAC que recoge la nueva intervención denominada ‘ecorregímenes’, que ha supuesto «importantes dificultades tanto para los agricultores y ganaderos, como para la Consejería».

Por esta razón, Dueñas ha señalado que la aplicación de esta política agrícola requerirá este año de una «armonización», ya que en realidad las nuevas medidas «entorpecen el enfoque productivo al imponer prácticas, en ocasiones, opuestas a los criterios agronómicos de determinadas comarcas agrarias».

«La producción agraria debe tener un objetivo claro», ha resaltado el responsable de Agricultura durante su intervención, que no es otro que la obtención de alimentos sanos, nutritivos, asequibles y disponibles para la totalidad de la población desde la innovación y la sostenibilidad.

Este nuevo modelo de la PAC, ha añadido el consejero, atribuye un mayor protagonismo a los Estados Miembros, pues se ha pasado de uno basado en requisitos a otro basado en objetivos. Sin embargo, el consejero ha señalado que tras el primer año de experiencia se ha demostrado que es un modelo «excesivamente rígido», en especial por el exceso de requisitos ambientales y «poco adaptable a las necesidades cambiantes, no solo del sector agrario, sino de las de toda la población de la Unión».

«La rigidez de tal legislación de base, muy restrictiva de la producción a causa de un objetivo excesivo de protección del medio ambiente, ha originado unas condiciones inconexas, incoherentes e, incluso, contrarias a otros objetivos de la Unión, lo que ha supuesto la pérdida de credibilidad de todo el sistema y los principios de la nueva PAC», ha lamentado el consejero de Agricultura.

«INCERTIDUMBRE E INDIGNACIÓN»

No obstante, a pesar de la «confusión, incertidumbre e indignación» que han originado estas prácticas en el sector agrario, Gerardo Dueñas ha afirmado que la Consejería continúa con el trabajo de forma didáctica para que los agricultores y ganaderos den continuidad a la solicitud de 2023 y, todos, «sin excepción», se acojan al menos a uno de ellos.

«Para ello trabajamos, junto con las Organizaciones Profesionales Agrarias representativas de Castilla y León y con la Unión Regional de Cooperativas, en su divulgación, con el fin de aprovechar al máximo los fondos disponibles de la Unión Europea», ha aseverado el responsable de Agricultura, al tiempo que ha detallado que del total de fondos, en el concepto presupuestario principal se incluye la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y el pago complementario a los jóvenes agricultores del que se podrán beneficiar más de 3.000 jóvenes.

El conjunto de estos pagos supone un importe de 786,4 millones y se distribuirá entre unos 61.000 agricultores y ganaderos. Respecto a las ayudas asociadas, se destinarán 138 millones, dirigidas a unos 40.000 agricultores y ganaderos.

Este año 2023, Dueñas ha resaltado que Castilla y León fue la única Comunidad Autónoma en pagar los anticipos del 70 por ciento de la totalidad de las ayudas directas, pues se incluyeron los importes de los ecorregímenes y de las ayudas asociadas, de forma que junto al saldo se abonaron 781 millones, un nivel equivalente al del año anterior, que unido a las ayudas de desarrollo rural financiadas por FEADER, cuyo importe ha sido de 45,6 millones, en conjunto, en concepto de saldo, se han alcanzado los 827 millones.

Para 2024 se mantendrá también el compromiso de pago de anticipo de las ayudas de la PAC, respetando indudablemente el porcentaje de ayuda que se autorice por la Comisión Europea.

Todo ello, ha asegurado Gerardo Dueñas, se realizará gracias a una gestión «moderna, eficaz y cercana» de la nueva PAC, reduciendo o simplificando el componente ambiental que nos pretenden imponer, facilitando el cobro de las ayudas en los plazos más cortos posibles y en la máxima cuantía y preservando el uso de los fondos en una ejecución plena sin riesgos de pérdida de fondos.

CONDICIONANTES

Así, Dueñas también ha enumerado, entre los condicionantes que han afectado al sector durante los últimos años, la continuación de los efectos de la invasión rusa en Ucrania y la tendencia creciente de la inflación, que provocan el mantenimiento de la subida de costes de los principales insumos, que ya se había producido en el año anterior.

Esta situación, junto con las restricciones introducidas por la Unión Europea en la aplicación de la nueva PAC, se constituyen como una «tormenta perfecta» para las producciones extensivas más importantes que caracterizan la agricultura y la ganadería de la Comunidad.

A esta circunstancia, Dueñas ha recordado que la cosecha de las principales producciones extensivas como los cereales, forrajes e incluso los pastos ha sido la segunda peor de los últimos diez años, de ahí que el rendimiento medio del cereal de invierno descendiera un 42 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años, y que la producción de cereal de invierno fuera un 50 por ciento inferior a la producción media de la comunidad en los últimos cinco años.

Para Dueñas, todos estos condicionantes han generado una «gran tormenta» con una «fuerte onda expansiva» que ha dado lugar a las recientes protestas de los agricultores y ganaderos tanto a nivel de la comunidad, como nacional y en al menos otros 17 países de la UE, lo que ha puesto de relieve la «situación límite» en la que se encuentra el sector, que afecta a la «viabilidad y supervivencia de numerosas explotaciones.

Por ello, es «importante» que, cada uno en el ámbito de sus competencias, tanto la UE como el Ministerio, y desde luego, también la Consejería de Agricultura se ofrezca una respuesta a las demandas justas del sector.