Cuando, a pesar de las muchas reticencias que muestran varios sectores agrícolas y ganaderos de la Unión Europea, ésta se afana en cerrar un importante acuerdo comercial con Mercosur surge una noticia que, cuando menos, es preocupante: las autoridades brasileñas lograron desmontar el pasado lunes 5 de marzo una organización criminal que le permitía al gigante BRF adulterar la fiscalización de la calidad de sus productos.

Este operativo constituye la tercera fase de la llamada “Operación Carne Fraca (Carne Débil)”, que fue llevada a cabo por la Policía Federal en marzo del año pasado y que destapó una mafia integrada por fiscales del propio Ministerio de Agricultura que igualmente adulteraba resultados de inspecciones de alimentos. En aquella oportunidad, según la Policía Federal, algunas procesadoras, entre las cuales plantas vinculadas a las gigantescas exportadoras JBS y BRF, contaban con la complicidad de fiscales sanitarios corruptos para “maquillar” con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para el consumo.

Hay que indicar que BRF es un conglomerado brasileño operante en el ramo de la alimentación que surgió de la fusión de las acciones de Sadia S.A. con el capital social de Perdigão S.A. Actualmente, es uno de los mayores productores y exportadores de carne y de otros alimentos del mundo.

Esta delicada situación se genera precisamente en plena negociación de la U.E. – 28 con Mercosur y cuando los ganaderos españoles y europeos, con toda la razón del mundo, protestan por el daño que un acuerdo de esta naturaleza hará al sector y por la falta de control sanitario de algunas importaciones de carne.

La mencionada organización criminal, de la que supuestamente formaban parte empleados de laboratorios privados y ejecutivos de BRF, fue protagonista de una espectacular operación que movilizó a 270 policías y a 21 fiscales del Ministerio de Agricultura en cinco de los 27 estados de Brasil. De acuerdo con la Policía Federal brasileña, una investigación que se ha prolongado a lo largo de varios meses permitió identificar a cinco laboratorios privados acreditados por el Ministerio de Agricultura que ofrecían resultados fraudulentos de los exámenes de calidad que se hacían a las muestras de alimentos.

Según un comunicado del Sindicato Nacional de Fiscales del Ministerio de Agricultura, el objetivo principal del mencionado fraude era esconder la presencia, en los alimentos inspeccionados, de resultados positivos para el grupo de bacterias Salmonella.

El juez responsable de la investigación expidió mandatos de detención temporal contra 11 de los acusados de integrar la mafia, entre los cuales se encuentran ejecutivos de BRF; paralelamente, emitió 53 órdenes de registro y allanamiento de oficinas y de residencias de los acusados. Igualmente, autorizó a la Policía a llevar a la fuerza para prestar declaración en comisarías a otras 27 personas supuestamente implicadas en el fraude.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura informó en un comunicado de que automáticamente va a retirar las licencias para inspeccionar alimentos destinados a la exportación a los establecimientos involucrados en el fraude. También informó de que implantará medidas complementarias de fiscalización, entre las cuales se encuentra el aumento de la frecuencia de las inspecciones y del número de muestras a ser analizadas de la empresa acusada de fraude.

La Policía Federal también informó de que los involucrados en la organización serán acusados formalmente de los crímenes de falsedad documental, estafa calificada, asociación para delinquir y crímenes contra la salud pública.