La Comunidad de Madrid abrirá una nueva convocatoria de ayudas a los ganaderos para que puedan prevenir los ataques del lobo ibérico a sus explotaciones, con el objetivo de mantener el sector primario, especialmente en las zonas de montaña donde sigue teniendo un peso importante para la economía de los municipios de la Sierra.

Hasta el 18 de abril pueden solicitarlas los propietarios con ejemplares de las especies bovina, ovina, caprina y equina en régimen extensivo, siempre que su actividad se realice en territorio regional, sin necesidad de acreditar daños previos, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El Gobierno regional va a invertir 100.000 euros en esta iniciativa que contribuye al mantenimiento del sector primario y a la conservación y mantenimiento del medio ambiente.

Serán subvencionables actuaciones como la compra de perros mastines y su manutención, el uso de collares con GPS para estos animales y la implantación de pastores eléctricos, cercados fijos o móviles.

Estos gastos podrán realizarse hasta el 30 de septiembre de 2024, abonándose un máximo de 3.500 euros por titular y explotación. Las ayudas, que han sido publicadas esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tendrán régimen de concurrencia competitiva hasta que se agoten los fondos.

Entre los criterios para valorar la concesión se tendrá en cuenta si la granja está inscrita como ecológica, si el beneficiario es un joven ganadero o si la finca se encuentra dentro de la Red Natura 2000, así como que no hayan recibido apoyo en convocatorias anteriores.

Actualmente existen cinco manadas reproductoras en la región y presencia de esporádica o permanente de ejemplares en otras zonas, sin que se haya detectado presencia de crías.

El lobo ibérico es una especie protegida por la Unión Europea, cuya supervivencia debe ser compatible con la ganadería extensiva. Según los últimos datos registrados, los ataques al ganado realizados por esta especie, buitres y perros asilvestrados han disminuido en un 67,34%, siendo 398 los casos de 2018 y 130 los reconocidos oficialmente en 2023.

Además, se ha constatado una mayor alimentación a base de animales muertos, así como una mejora de las prácticas de los profesionales y la modernización de sus infraestructuras, aspectos que inciden en este descenso.

Por otra parte, técnicos medioambientales y agentes forestales realizan un seguimiento continuado de los ejemplares a través de GPS y análisis de restos y huellas. Con ello, logran conocer su paradero, ampliar la información sobre sus hábitos y, en caso necesario, avisar a las granjas de su cercanía.