La mayoría de países de la Unión Europea se opusieron el pasado lunes 14 de mayo a aceptar los recortes de los fondos para las políticas de cohesión y agricultura en el próximo presupuesto comunitario para 2021-2027, ya que, consideran, han demostrado ser efectivas y aportan valor añadido en un momento de desencanto con el proyecto europeo.

Los ministros y secretarios de Estado de la UE mantuvieron el mencionado día 14 un primer debate sobre la propuesta de presupuesto plurianual presentada por la Comisión Europea (CE) el 2 de mayo. Esta reunión permitió vislumbrar la compleja posición de partida para la negociación de los próximos meses.

Históricamente, en el marco de la Unión Europea, nunca ha sido fácil llegar a acuerdos. Pero en esta ocasión existe una muy importante la dificultad añadida, dado que hay que solventar el agujero de entre 14.000 y 15.000 millones de euros que dejará la salida del Reino Unido y cubrir los 10.000 millones de euros más al año que se necesitarán para nuevas tareas, como son la inmigración, la defensa o la seguridad.

Para cuadrar las cuentas, la Comisión Europea propone aumentar el presupuesto del 1,03 por 100 de la renta anual bruta actual al 1,11 por 100 (1,28 billones de euros), pero también recortar un 7 por 100 de los fondos estructurales y de cohesión y un 5 por 100 de la Política Agraria Común (PAC).

La mayoría de los Estados, en principio, están de acuerdo en financiar nuevas prioridades y la mayoría está dispuesta a poner más dinero, algunos incluso por encima de lo que pide la Comisión Europea, pero no quieren renunciar a los tradicionales pilares comunitarios y defienden revisar las condiciones para recibir fondos. No obstante, Holanda, Austria, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Chipre se oponen a elevar su contribución porque creen que el menor tamaño de la UE tras el Brexit requiere un presupuesto menor.

Alemania, principal contribuyente a las arcas comunitarias, está dispuesta a aumentar su aportación, pero advierte de que esto dependerá del acuerdo global sobre el paquete y, en particular, de la introducción de condiciones para recibir los fondos, tanto las relativas al Estado de Derecho como a las macroeconómicas (la Comisión ha propuesto por primera vez ligar el desembolso de fondos al respeto del Estado de Derecho, en un momento de preocupación por la independencia del sistema judicial en Polonia y ciertas leyes aprobadas por el Gobierno húngaro).

Por su parte, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Hungría y Croacia rechazan reducciones en una o ambas partidas (cohesión y agricultura).

Irlanda, Rumanía y Luxemburgo, por su parte, se muestran preocupadas por los recortes, pero su propuesta es la de esperar a conocer la propuesta detallada que presentará la Comisión Europea sobre cohesión y la PAC el próximo 29 de mayo para hacer un análisis definitivo de su impacto.

Los países del Este temen que la reducción de los fondos de cohesión, que han permitido a sus regiones más pobres acercarse a los estándares de sus vecinos, sea mayor en términos reales de lo que dice la CE y señalan que será difícil explicárselo a los ciudadanos en vísperas de las elecciones del año 2019.

En cuanto a la PAC, Francia, España o Irlanda, tradicionales beneficiarios, son de los más preocupados por los recortes en los fondos de cohesión y agricultura.