Uno de los importantes logros del actual gobierno francés ha sido el de que los precios de los productos agrarios se fijara en función de los costes de producción. En efecto, el Parlamento francés aprobó hace unos días la Ley de la Alimentación, que es una de las medidas estrella del gobierno del señor Macron.

Una de las principales novedades de la ley es que el precio al que los agricultores y ganaderos venderán sus productos se calculará en base a sus costes de producción.

El problema es que serán las interprofesiones las encargadas de determinar los costes. Este es uno de los motivos de queja de la organización agraria francesa FNSEA, que pedía que fuera el Observatorio de Precios y Márgenes el que definiera los indicadores de referencia, ya que así se trataría de un organismo neutral e independiente.

El temor radica en que las industrias o la distribución que participan en las interprofesionales pueden dificultar o manipular la determinación de los mismos.

Otro punto importante es que se fortalece el papel del mediador; sin embargo, no cumple con las expectativas iniciales que había generado el señor Macron, que había prometido arbitraje real y efectivo, según Confédération Paysanne.

La Ley también establece mayores sanciones para las empresas que no respetan sus obligaciones contractuales y se va a reforzar a la Autoridad de la Competencia francesa para luchar contra las prácticas anticompetitivas. En el caso de aquellas empresas que reincidan en los incumplimientos de lo establecido, verán su nombre publicado en una lista de no cumplidores, para su mayor escarnio.

Otra cuestión importante de la Ley es que faculta al gobierno para que pueda aumentar hasta en un 10 por 100 el precio de venta a pérdidas y que pueda supervisar las promociones excesivas.

También se ha incluido en la ley que las comidas en el sector de la restauración pública deben incluir, a más tardar en el año 2022, al menos un 50 por 100 de productos derivados de la agricultura ecológica o que tengan en cuenta la preservación del medio ambiente, (un mínimo del 20 por 100 tiene que proceder siempre de la propia agricultura ecológica).

Sería interesante para los agricultores y ganaderos estudiar, junto con las Administraciones Públicas, la posibilidad de desarrollar una ley de estas características, con las correspondientes especificidades, para nuestro país.