La Comunidad murciana apuesta por facilitar la transición de la defensa fitosanitaria de los cultivos hacia modelos más sostenible

El secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco José González Zapater, ha asegurado este jueves durante la jornada sobre ‘Innovación en la gestión de enfermedades de hortícolas de Murcia’, que «el Gobierno regional apuesta por impulsar y facilitar la transición de la defensa fitosanitaria de los cultivos hacia otros más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, para lo que es necesario que la Unión Europea desarrolle una legislación que elimine las trabas y establezca los mecanismos necesarios para posibilitar el registro de productos fitosanitarios naturales y de bajo riesgo».

En esta jornada, organizada por Proexport y Sipcam Iberia, Zapater ha afirmado que «es imprescindible que cualquier producto, ya sea de origen natural, químico o de residuos cero, obtenga el registro como producto fitosanitario y a nivel europeo de las sustancias activas que lo componen, ya que de esa manera se garantiza su eficacia y que sus posibles efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de los operarios y de los consumidores respecto a su uso sean mínimos», según han informado desde el ejecutivo regional en una nota de prensa.

Asimismo, ha lamentado que «hasta la fecha, no se hayan establecido por la legislación europea los mecanismos necesarios para facilitar este registro de productos fitosanitarios naturales y de bajo riesgo, manteniéndose el complejo sistema de registro comunitario para estos productos exactamente igual que a los exigidos para para un químico».

Por otro lado, ha señalado que «con estas barreras se dificulta la transición de una defensa fitosanitaria de los productos fitosanitarios convencionales hacia aquellos que sean más respetuosos con el medio ambiente» y ha asegurado que «está generando un déficit de alternativas de los agricultores para defender los cultivos, en un contexto de mayores problemas fitosanitarios».

González Zapater ha apuntado que «esta situación legislativa dificulta el registro de nuevos productos de origen natural por su elevado coste en cuanto ensayos y determinaciones analíticas, y la burocracia de este proceso supone más de 11 años y más de 250 a 300 millones de euros».

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