La Guardia Civil de Valencia ha inmovilizado 80 toneladas de aceitunas y encurtidos y ha detenido al gerente de la empresa en la que se producían por un delito contra la salud pública y otro relativo al mercado y a los consumidores, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Fruto de la colaboración ciudadana, los investigadores tuvieron conocimiento de que podían estar cometiéndose irregularidades en una empresa de productos alimentarios. Los agentes realizaron una inspección en colaboración con la Consellería de Sanidad.

Durante el registro se comprobó que en las instalaciones de la empresa se encontraban almacenados productos identificados como no aptos destinados al consumo humano sin ninguna otra etiqueta, en latas oxidadas o con fechas de consumo recomendado sobrepasados ampliamente los cinco años. También se detectaron bidones identificados como ‘producto no apto’.

Fruto de la investigación se verificó que la empresa mezclaba aproximadamente entre un 5% y un 10% de producto no apto para el consumo humano con otro sí autorizado.

El producto final era distribuido para su comercio en el mercado mayorista, en restauración, tiendas y grandes superficies tanto del mercado nacional –Cataluña, Comunitat Valenciana, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha– como de terceros países y algún otro de la Unión Europea.

Según un documento que portaba la empresa, el producto clasificado como ‘no apto’ se tenía que destinar a eliminación a través de un gestor autorizado de residuos. No podía utilizarse en ningún caso para consumo humano ni animal.

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

En total, por estos hechos, se han inmovilizado 80 toneladas de aceitunas y encurtidos y se ha detenido al gerente de la empresa, un hombre de 42 años y nacionalidad española por el delito contra la salud pública y otro relativo al mercado y a los consumidores, al poner en riesgo la integridad de éstos.

La Conselleria de Sanidad ha emitido una alerta rápida a nivel europeo a través del sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) para controlar los productos de esa empresa que se encuentran en circulación. La empresa se ha comprometido, de forma voluntaria, a la retirada del producto del mercado. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alzira.