En este marco, la Agencia Tributaria puso en marcha el jueves pasado, día 25 octubre, una macrooperación a escala nacional con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal en el sector de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas. A lo largo de esta operación, ha efectuado inspecciones en 75 locales ubicados en distintos mercados centrales de 13 Comunidades Autónomas (CC.AA.).

Las actuaciones de la Agencia se iniciaron a primera hora de la mañana, con la personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable, así como a los sistemas informáticos.

La operación denominada “Carpo” estuvo coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Participaron 299 funcionarios de inspección, que contaron con el apoyo de policías y 133 funcionarios de Vigilancia Aduanera. Esta operación tiene un claro precedente en la operación White, desarrollada en febrero del año 2016 en locales de venta de pescado en el mercado central de Mercabarna, en Barcelona.

La Agencia Tributaria ha informado en un comunicado que, en el marco de la Operación Carpo, se iniciaron inspecciones a 80 contribuyentes vinculados a los locales inspeccionados, de los que 62 eran sociedades y 18 personas físicas socios y administradores de las sociedades investigadas.

La Agencia contaba con indicios de que estas empresas ocultaban parte de sus ventas mediante la utilización de programas informáticos que manipulaban las ventas reales, suprimiendo o modificando el importe de una transacción.

Unas investigaciones previas habían puesto de manifiesto que estas entidades recibían cobros en efectivo, más difíciles de vigilar, muy por encima de la media del sector mayorista de frutas, de manera que en ocasiones superaba el 80 por 100 de las ventas.

Además, los márgenes de explotación de estas sociedades eran “significativamente inferiores” a los de otras empresas del sector, en ocasiones con resultados negativos durante varios ejercicios.

A lo expuesto debe añadirse el hecho de que la capacidad económica de algunos administradores era “incompatible” con las rentas declaradas, lo que influyó a la hora de seleccionar los objetivos a comprobar.

El dispositivo ha afectado a 15 locales en la Comunidad Valenciana, 14 en Madrid, 11 en Galicia, 11 en Andalucía, 6 en Canarias, 5 en Aragón, 3 en Murcia, 3 en Castilla y León, 2 en Asturias, 2 en Extremadura, 1 en Baleares, 1 en Cantabria y 1 en La Rioja, a los que se unen acciones en el País Vasco y Navarra, coordinadas por las Haciendas Forales.