• Desde la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel), promotora de la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), asegura que se cumplen los requisitos legales para ello.

El sector ganadero español, representado por las principales organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, pedirá el próximo martes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que retire de forma “inmediata” la Orden que pretende declarar al lobo especie protegida.
Si no es así, anunciarán “medidas de presión” para las próximas semanas, según han indicado este jueves en un comunicado conjunto.
Esta petición que harán al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es “innegociable” y, a partir de ahí, las organizaciones agrarias “muestran su total disposición” para trabajar con el Ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.

Asaja, COAG Y UPA creen que la Orden Ministerial es “de todo punto inaceptable” y carece de la “necesaria legitimidad” para salir adelante.
“No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decidió prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las comunidades autónomas donde el lobo tiene su principal implantación”, han añadido.

La Orden elaborada por el Miteco se basa en un censo de población de lobos de “2012-2014 que no refleja” la situación actual y en el informe realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo (Ascel), “ignorando criterios científicos y objetivos y que carece” del “necesario consenso” de las partes afectadas.
Esta orden “ni siquiera cuenta con el beneplácito de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas”.

En opinión de las organizaciones agrarias, la “única” forma de solucionar este “disparate” normativo es que el Ministerio retire la “polémica orden” y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el lobo que incluya un “diagnostico real y certero” de la situación del lobo y la ganadería.
Para ello, ven viable medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que, “en ningún caso”, deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.

Las tres opas entienden que para blindar el estatus legal del lobo “lo más lógico” sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración).
Según los datos que manejan, el lobo, “lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente” el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia.
“Prueba de ello” es que los ataques a la ganadería se han incrementado “exponencialmente pasando de más de 10.000 en 2019 a cerca de 15.000 en 2020 y con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros”.

Opinión de la asociación Ascel

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel), promotora de la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), asegura que se cumplen los requisitos legales para ello.
Fuentes de Ascel han recordado, en declaraciones a Efeagro, que presentaron la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en octubre de 2019 y en mayo de 2020 se publicó el dictamen de un comité de “19 científicos independientes” que recomendaba su inclusión en el Lespre.

Este dictamen, consultado por Efeagro, lo avala al entender que la “información disponible pone de manifiesto su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales”.
El Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Lespre y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, indica que para incorporar una especie en el listado habrá que aportar información científica justificativa, al menos, en relación al valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza de la especie así como las referencias de los informes y publicaciones científicas utilizadas.

Ascel ha restado importancia al criterio de evolución de la población de lobos en la península: “No es cuestión de que haya tantos lobos o no, o de si está actualizado el censo”.
“Si las organizaciones agrarias o cualquier estamento social considera que eso no es así, tendrá que seguir el mismo procedimiento administrativo”, ha añadido.
“Están en su libre derecho al pataleo pero no pueden saltarse el procedimiento administrativo”, han apuntado fuentes de Ascel.
Según esta asociación, “hay criterios aprobados y reglados” para la inclusión en el Lespre y el lobo “los cumple”.
La legislación “es de obligado” cumplimento “para todos” por lo que “no puede haber estamentos que supediten su cumplimento sobre los intereses sectoriales”