El Parlamento convalida el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación económica y social de La Palma

El Parlamento convalida el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación económica y social de La PalmaEl Parlamento convalida el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación económica y social de La Palma

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy miércoles el decreto ley en materia agraria para la recuperación económica y social de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, que será tramitado por la Cámara autonómica como proyecto de ley por trámite de urgencia, tal y como había solicitado el Gobierno de Canarias.

Durante su intervención en sesión plenaria, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional, Narvay Quintero, señaló que el decreto tiene como objetivos principales la recuperación de la máxima superficie de cultivo afectada por el volcán, así como que el mayor número de agricultores afectados retomen la actividad, y posibilitar la protección económica a los afectados hasta que vuelvan a disponer de sus parcelas.

En este contexto, el documento establece medidas para la recuperación en condiciones de seguridad de las explotaciones agrarias afectadas por la colada de lava, así como de las construcciones e instalaciones que existían en dichos espacios, permitiendo que cada uno de los afectados pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones. Estas concentraciones privadas de tres o más afectados contarán con apoyo jurídico y financiero (del 100% de su coste). Asimismo, se prevé la compensación económica, basada en el valor real de las propiedades, para aquellas personas que no deseen continuar con la actividad agraria.

Narvay Quintero explicó que dicha norma delimita dos zonas, una de recuperación agraria y otra de recuperación agraria condicionada. La primera se divide a su vez en dos zonas, con una superficie de colada menor de diez metros, o superior a esta cantidad, que pueden ser reconstruidas con licencia municipal, salvo que se deseen recuperar edificaciones preexistentes con más de 50 centímetros de cimentación en la zona de más de 10 metros de colada, en cuyo caso se requiere además informe científico-técnico del Cabildo insular.

La segunda zona alude a un espacio de recuperación agraria condicionada, es decir, aquellas áreas en las que la recuperación será posible una vez que se verifique la estabilidad del sustrato geológico mediante un informe geotécnico emitido por la corporación insular. «Es decir, una vez se determine que son espacios seguros», añadió.

«Cabe destacar que en este decreto se reconoce una zona de recuperación que abarca aproximadamente unas setecientas hectáreas, a diferencia de los decretos del anterior equipo de gobierno, que solo reconocía 365 hectáreas de recuperación agraria en una macrofinca», agregó Quintero.

Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes.

Regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística.

Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completa con el de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado).

OTRAS MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN

Durante su intervención, el consejero explicó que el Gobierno de Canarias solicitará en Bruselas la prórroga al menos hasta el 31 de diciembre de 2027 de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) a los agricultores afectados por la erupción volcánica al menos hasta el 31 de diciembre de 2027. Este pago, actualmente está garantizado por la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre de 2025 a petición del actual equipo del Ejecutivo canario.

Por otro lado, Quintero recordó que el Consejo de Gobierno aprobó este lunes, 8 de abril, una partida de hasta diez millones de euros a ayudas directas, sufragadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma, dirigidas a compensar la pérdida de renta de los agricultores afectados por el volcán de La Palma y a paliar los costes de la limpieza de las cenizas generadas por la erupción.

Además, el pasado viernes, 5 de abril, la Consejería publicó la Orden por la que se convocan las subvenciones para 2024 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) destinadas a sufragar las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para reconstruir y restablecer las fincas afectadas a su estado previo a la erupción, de los municipios de Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane. Esta línea de ayuda cuenta con fondos por valor de treinta millones de euros financiados por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma y el Estado.

 

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