El noroeste defiende el control del lobo ante 10.000 muertes de ganado al año

Las cuatro comunidades que se oponen frontalmente a la catalogación del lobo ibérico -Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria- defienden la necesidad de continuar con sus planes de gestión.

Dichos planes permiten eliminar en torno a un centenar de ejemplares al año para garantizar el equilibrio entre la conservación de la especie y la protección de la ganadería, que sufre la muerte de unos 10.000 animales cada año.

En España hay unos 2.500 lobos repartidos en unas 300 manadas, la inmensa mayoría al norte del Duero, y la población del cánido, según estas autonomías, sigue una tendencia al alza en los últimos años pese a las extracciones realizadas.
Estas cuatro comunidades autónomas, de distinto signo político y que hoy se reúnen en Santander para abordar una respuesta conjunta, albergan cerca del 95 por ciento de los ejemplares de lobo ibérico del país, una población que acaba de ser incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para homogeneizar el estatus de la especie en todo el territorio nacional.

A su juicio, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) elimina la seguridad jurídica necesaria para continuar con unos planes que buscan compatibilizar la conservación del cánido con la contención de los daños a la ganadería, que también se traducen en indemnizaciones millonarias: cerca de tres millones de euros al año.
Aunque desde el Miteco se asegura que podrán seguir “eliminando determinados ejemplares conflictivos”, estas cuatro comunidades ven inviable continuar con el control de la población del lobo ante una normativa que sólo permite las extracciones en casos excepcionales y cuando otras medidas se hayan demostrado ineficaces.

Sus respectivos planes de gestión, que aluden a la conflictividad social que causa la especie en unos territorios con gran presencia del lobo y caracterizados por la actividad ganadera extensiva, admiten la exigencia de garantizar la buena conservación de la especie, pero con la necesidad de hacer frente también a los problemas que sufre el medio rural.
Estos son algunos de los datos facilitados desde las consejerías de estas cuatro autonomías o extraídos de sus respectivas normativas:

ASTURIAS

Según recoge el último plan anual de actuaciones de control del lobo 2021-2022 del Principado, donde la especie no es cinegética, la población de este cánido en la comunidad era el pasado año de 38 manadas seguras y otras 6 probables.
Aunque esta cifra ha descendido respecto a las 41 manadas seguras de 2017 y las 40 de 2018, casi dobla a las 22 que se contabilizaban hace dos décadas, si bien el Principado precisa que estos datos “exigen ciertas cautelas”, puesto que el esfuerzo realizado en los distintos censos ha sido diferente.

De acuerdo a las cifras del Principado, el lobo atacó el pasado año a 2.922 reses, la cifra más baja desde 2008, y desde 1997 se han contabilizado 72.617 animales atacados, una media anual de unos 3.000.
Los daños a la cabaña ganadera exigieron el pasado año el pago de más de 834.000 euros en indemnizaciones, 2.000 euros menos que un año antes, y la menor de los últimos doce años, una partida que supera los 15 millones de euros desde 2002.
El plan de actuaciones aprobado el pasado mes de julio autoriza la extracción de hasta 32 ejemplares de lobo en un periodo de año y medio.
Con el anterior programa 2019-2020, que autorizaba un máximo de 42, se contabilizaron 31 extracciones, de los que 21 fueron por abatimientos autorizados y el resto por otras causas como los atropellos (5), disparos, envenenamiento o causas indeterminadas.
En las dos últimas décadas, en Asturias se han eliminado 369 lobos, 247 de ellos por los controles autorizados por la administración y el resto por otras causas.

CANTABRIA

El plan de gestión de Cantabria, aprobado en 2019, subraya que la población del lobo en esta comunidad ha crecido de forma “muy notable” en las dos últimas décadas, al pasar de cinco manadas en 1995 a “al menos 15” en 2018.
La administración contabilizó el pasado año más de un millar de ataques del lobo a la cabaña ganadera que supusieron la muerte de 1.939 reses, que exigieron el pago de 223.618 euros en indemnizaciones.

Según las cifras aportadas por la Consejería de Medio Rural, en los últimos cinco años se ha producido en Cantabria la muerte de 10.407 animales por el ataque del lobo y las indemnizaciones se acercan a los 1,3 millones de euros, y cada año más de 230 ganaderos de media se ven afectados por estos ataques.
Los lobos abatidos en Cantabria por la aplicación del programa autonómico de gestión ascendieron el pasado año a 36, y a 145 en el último quinquenio, mientras que para este año estaban previstos un máximo de 34, 32 de ellos por la actividad cinegética ordinaria.
En un balance entre los años 2008 y 2018, Cantabria cifra en 243 los lobos muertos por causas no naturales, 82 en la actividad cinegética ordinaria (batidas de jabalíes) y 142 en controles autorizados por la Consejería, mientras que el resto fallecieron por otras causas.

CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, donde hasta ahora el lobo era especie cinegética al norte del río Duero, el último censo nacional 2012-2014 cifraba en 179 las manadas existentes, lo que supone un aumento del 20 por ciento respecto al censo anterior de 2001.
Según la comunidad autónoma, en estos momentos no es posible dar una cifra exacta de la población existente a la espera del censo previsto para el año que viene, pero sí se puede asegurar que el avance de la población continúa al haber recolonizado las provincias de Ávila y Segovia.

Durante el pasado año se comunicaron 2.590 ataques, que supusieron la muerte de 2.262 cabezas de ganado mayor y 1.483, de menor, lo que obligó al pago de 1.282.167 euros.
De acuerdo a las cifras aportadas por la Consejería del ramo, tanto el número de ataques como el de indemnizaciones se mantienen estables en los últimos tres años.

El plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos al norte del río Duero, aprobado en 2019, fijaba un cupo anual de 113 ejemplares para las tres siguientes campañas, es decir, 339 en tres años.
En las dos primeras campañas, la 2019-2020 y la 2020-2021, el número final de lobos abatidos fue de 64 y 59, respectivamente.
Al sur del río Duero, donde el lobo ya era considerado especie estrictamente protegida, el pasado año se autorizaron de manera excepcional cuatro extracciones y este año otras tantas, todas ellos en la provincia de Ávila.

GALICIA

Desde la Xunta de Galicia se remarca que su plan de gestión solamente permite actuaciones de control cinegético por daños “en determinados supuestos muy tasados y bajo circunstancias muy concretas”.
Este año no ha aprobado acción alguna, mientras que el pasado año se autorizó una montería en la que finalmente no se capturó ningún ejemplar.
El último censo 2013-2015 cifraba la existencia en Galicia de 90 manadas reproductoras, 14 de ellas compartidas con otros territorios. La Xunta está elaborando un nuevo censo para actualizar estos datos tras detectar un aumento de la población en los últimos años.
En el último año se han contabilizado en Galicia 1.167 avisos por daños del lobo y 2.204 reses se han visto afectadas, una cifra que se eleva a los 12.815 animales desde 2016.
En los últimos seis años, la Xunta ha destinado 2,1 millones de euros a ayudas para la instalación de medidas preventivas, y 2,5 millones al pago de indemnizaciones producidos sobre las explotaciones ganaderas.

LOS GANADEROS, INDIGNADOS

Los ganaderos de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia se muestran indignados por la decisión del Gobierno de elevar el estatus de protección del lobo ibérico al considerar que ignora la problemática que sufre la actividad que desarrollan, especialmente la extensiva.
Sin dejar de admitir que el lobo tiene que existir, insisten en la necesidad de mantener unos controles poblacionales para garantizar su actividad ante los miles de ataques que soporta cada año la cabaña ganadera.
Las críticas de los profesionales se han avivado con la inclusión de toda la población del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), que este martes es objeto de una reunión en Santander entre representantes de los cuatro gobiernos autonómicos y las organizaciones de ganaderos para acordar una respuesta conjunta.

Ernesto del Peso, de 35 años, lleva desde 2014 al frente junto con su mujer de una explotación con sesenta vacas y quince yeguas de campo en Navalmoral de la Sierra, en Ávila, una provincia que según los datos de la Junta de Castilla y León concentró el pasado año 1.501 de los 2.590 ataques registrados en toda la comunidad autónoma.
En su caso, pierde una o dos reses al año, una situación que según asegura sufren el resto de ganaderos de la zona, y sólo en el último mes y medio ha perdido dos terneras de muy corta edad.
Según explica, el ganado “es muy difícil de controlar” cuando está en fincas de grandes extensiones de 1.500 o 2.000 hectáreas, e incluso cuando se echa en falta una de las reses es complicado hallar su cadáver, algo necesario para cobrar las indemizaciones.

Ernesto se declara “indignado” por una decisión tomada en los despachos “desde el desconocimiento” y por la presión ejercida por unas asociaciones conservacionistas que tienen “un gran poder mediático”.
“Desde la urbe se puede ver el medio rural de color de rosa, pero hay que conocer la realidad del día a día a pie del terreno”, advierte.

Alberto Suárez, al frente de una explotación con entre 65 y 85 terneras de carne según la época del año en el concejo asturiano de Amieva, lleva cinco ataques en el último año.

“El lobo no para de matar, cada vez peor”, asegura Suárez, para quien la inclusión del lobo ibérico en el Lespre puede suponer “el fin de la ganadería, por lo menos en esta zona”, donde no existe infraestructura para proteger a las reses por las noches.

En su caso, cuenta con dos perros mastines que sirven para proteger al ganado, pero que “bastante tienen que hacer con que no los coman cuando viene una manada de cinco o seis”.
En su opinión, la solución pasa por “controles poblacionales efectivos, serios y rigurosos”, y no por leyes “hechas detrás del ordenador en los despachos” sin conocer de primera mano la problemática que sufre la ganadería extensiva.
Desde Cantabria, Mireya López, de 36 años, se dedica a la ganadería desde el año 2008 junto con su marido, de 46, “que lleva toda la vida” dedicado a esta actividad.

Cuentan con unas 300 cabezas de vacuno de carne y leche, unos 30 caballos y medio centenar de ovejas y utilizan los pastos comunales de San Miguel de Luena.
En su caso, puede perder entre dos o tres reses al año por culpa del lobo, unos daños que según dice se repiten entre las cabañas ganaderas de la zona, motivo por el que no alcanza a comprender “el motivo por el que se protege tanto un animal que hace más daño que beneficio”.
Tras matizar que nadie desea la extinción del lobo, López lamenta “la publicidad” de la que goza el mensaje conservacionista, cuando el ganadero tan sólo pretende vivir de su actividad.

David Fernández, propietario de una ganadería de leche en Guntín (Lugo), trabaja en este negocio familiar desde los 18 años.
Ahora, con 54, lamenta que se esté “destruyendo la ganadería” con una protección de la especie que considera absurda porque no va a “resolver el asunto”.
Fernández defiende que haya lobos -“claro que debe haberlos”-, pero considera que su protección no puede imponerse a base de perjudicar” a los que se dedican a esta actividad.
“He mamado este oficio desde que nací. Nunca he visto tanta preocupación como en la actualidad por los temidos ataques del lobo y la imposibilidad de cumplir con las medidas de protección” que exige la nueva normativa.
A su juicio, la inclusión del lobo en el Lespre “es un nuevo palo” que deja al sector “desprotegido”.

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