La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, adelantó en el Senado su intención de establecer el criterio de caja para el IVA que deben declarar los autónomos. Ésta será una de las medidas del Plan Estratégico  interministerial para el colectivo, del que también avanzó sus principales objetivos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, compareció este martes en el Senado para contestar una batería de preguntas del Grupo de Ciudadanos. En sus respuestas, Díaz avanzó la intención del Gobierno de articular un sistema para que los autónomos no tengan que adelantar a Hacienda el IVA de las facturas no cobradas a sus clientes.  Ésto se le suele denominar IVA de caja en contraposición al IVA devengado, que es cuando el autónomo se ve obligado a ingresar a Hacienda este impuesto a pesar de no haber ingresado el importe del producto vendido o el servicio prestado a su cliente.

Este decalaje entre el IVA realmente cobrado y el devengado se produce normalmente porque en España todavía las empresas y las administraciones se resisten a cumplir con la Ley de Morosidad, y aún abonan sus facturas más allá de los 60 y los 30 días que estipula respectivamente la norma. La ministra aseguró en el Senado que “los autónomos tienen un problema de fiscalidad y, por ello, vamos a actuar para que no tengan que adelantar el IVA no cobrado”.

Hay que recordar que el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó generalizar el criterio de IVA de caja para los autónomos en el 2014 y que el sistema no funcionó, entre otras cosas, porque las grandes empresas, de las que dependen los autónomos, pusieron resistencia a esta fórmula. Los clientes de los autónomos y pymes no podían deducirse el IVA hasta que pagasen la factura si se utilizaba el criterio de caja, lo que provocaba su rechazo ya que, con total falta de legalidad, retrasan el abono de esas facturas para equilibrar su tesorería. En aquel momento, apenas 22.000 pymes y autónomos pudieron beneficiarse del IVA de caja en el primer año en que se estableció el nuevo sistema, frente a los 2,3 millones de posibles negocios que el Gobierno previó en su memoria económica.

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