La Guardia Civil, en el marco de la operación Frans, ha investigado a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de un mismo clan familiar de entre 41 y 61 años, como presuntos autores de los delitos de organización criminal, fraude contra la Hacienda Pública, usurpación de identidad y falsedad documental después de que, presuntamente, hayan estafado más de 200.000 euros en subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) de la Unión Europea.

Para poder acceder a las subvenciones de la PAC se ha de ser agricultor o ganadero activo, es decir, se ha de ser titular o arrendatario de una explotación agrícola o ganadera inscrita en el registro correspondiente y que lleven a cabo una actividad agraria o ganadera. El agricultor o ganadero debe ser titular de derechos adquiridos de pago único, bien como propietario o bien como arrendatario de superficies con derechos.

La Guardia Civil ha averiguado que los investigados no eran propietarios de las tierras con derechos para las que han pedido subvenciones de la PAC en los últimos cinco años; pero han simulado ser los arrendatarios de dichas fincas falsificando contratos de arrendamiento, lo que les ha permitido conseguir un beneficio de doscientos tres mil novecientos cinco euros.

La investigación la ha realizado la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guadix. Las pesquisas comenzaron después de que los responsables de la empresa que gestiona la planta termosolar que hay en la comarca de El Marquesado llamaran a la patrulla del Seprona en numerosas ocasiones quejándose de que en las fincas colindantes a la planta, que son propiedad de la empresa, estaban labrando y generando polvo.

La empresa compró esas fincas para que no fueran cultivadas ya que el polvo provocaba que las placas solares perdieran hasta un 25 por ciento de efectividad. Los agentes del Seprona identificaron a los labradores y estos justificaron su presencia en dichas fincas con unos contratos de arrendamiento que teóricamente había firmado un responsable de la empresa.

Al investigar estos contratos de arrendamiento, la Guardia Civil descubrió que eran falsos y que los arrendatarios de esas fincas, que teóricamente no podían estar en producción, estaban recibiendo por ello cuantiosas subvenciones de la PAC.

El Seprona de la Guardia Civil también descubrió que detrás de estas falsificaciones había un grupo criminal cuyo cabecilla tenía acceso a datos agrícolas de fincas y propietarios de la comarca, y así sabía qué propietarios habían fallecido y si sus herederos estaban cultivando la finca y si habían pedido subvenciones, para falsificar nuevos contratos de arrendamiento y que fuera este grupo criminal el que pidiera las subvenciones para esas fincas.

La Guardia Civil ha descubierto que los investigados presuntamente han falsificado contratos de arrendamiento con dos empresas y al menos tres personas fallecidas de la comarca. La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas relacionadas con esta organización criminal sean puestas a disposición judicial por el cobro indebido de subvenciones.