• Considera «necesario» que Agricultura reconduzca el real decreto

La organización agraria Asaja ha denunciado que la ganadería es la «primera gran víctima» del real decreto de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) que se aprobó la semana pasada, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el comité ejecutivo nacional de Asaja, que se ha reunido hoy de forma telemática, ha abordado las repercusiones que tendrá esta convergencia en los próximos años. Así, han señalado que las «más graves» es la situación en la que queda la ganadería en España, en especial los productores de vacuno de carne en extensivo, los ganaderos de leche y los sectores de ovino y caprino.

De media las ayudas que reciben estos ganaderos pueden verse recortadas entre el 14% y el 18%. Asaja reitera que en un «momento de graves dificultades económicas» como el actual, donde los productores ganaderos están sufriendo sobre manera las limitaciones impuestas al canal Horeca, se cierne una «nueva amenaza» sobre ellos.

La aplicación de los criterios de convergencia diseñados por el Ministerio de Agricultura, especialmente lesivos para las explotaciones mixtas (agricultura y ganadería), va a suponer un «auténtico mazazo» para las economías de buena parte de ellos que en muchos casos verán perder su rentabilidad y se verán abocados al cierre de las explotaciones.

De esta forma, señalan que esto afectara tanto a un productor de vacuno extensivo de Cádiz, que perderán hasta un 20% del importe de las ayudas que recibe, como a un ganadero de ovino y caprino de Castilla-La Mancha, que sufrirá un recorte de media del 16%, o un ganadero de leche de Asturias que puede ver recortada su ayuda hasta un 18%.

La organización agraria denuncia que es «especialmente sangrante» para los jóvenes agricultores que se han incorporado comprando derechos disponibles con valores elevados y que han visto frustrada su inversión como consecuencia de la aplicación de estos índices de convergencia.

Por todo ello, Asaja cree que es «necesario» que se reconduzca el Real Decreto en el sentido que ya han manifestado en el periodo de alegaciones para dar continuidad a una convergencia interna «mucho
más moderada y ya conocida» por los propios beneficiarios.

De cara a la reforma de 2023, considera que el Ministerio de Luis Planas también debería plantear medidas tendentes a compensar las reducciones de los pagos directos mediante mecanismos previstos como son los ecoesquemas adaptados a los sectores afectados.