El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves el proyecto de Decreto que reconoce a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) como entidades colaboradoras, uno de los compromisos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para reconocer «la importante labor» de estas organizaciones, tanto en lo que se refiere a la representatividad del sector productor como a la interlocución con las administraciones.

A través de esta norma se reconoce la necesidad de que las OPA contribuyan «de forma significativa» en la implantación de la política agraria de la Comunidad y que la Junta pueda prestarles «un apoyo institucional eficaz», máxime cuando el nuevo modelo de gobernanza establecido para la nueva PAC (Política Agraria Común) «conlleva numerosas novedades y ha exigido un esfuerzo extraordinario de implicación por ambas partes».

Por este motivo, la Consejería de Agricultura ha dado un primer paso hacia el decreto que reconocerá a las OPAs como entidades colaboradoras «y les ofrecerá una mayor estabilidad jurídica». En el texto se establecen tanto los requisitos para la obtención de dicho título, así como el procedimiento a seguir, las funciones y obligaciones a cumplir o los mecanismos de colaboración que ha de llevar a cabo la Administración con dichas entidades, entre otras cuestiones.

Según ha detallado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, entre los requisitos para ser reconocida entidad colaboradora las organizaciones deberán disponer de servicios de formación y asesoramiento en materia agraria y agroalimentaria, así como del personal suficiente para el desarrollo de los mismos, o estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, entre otros.

Para presentar su solicitud, cuyo procedimiento podrá realizarse telemáticamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros, las organizaciones deberán acompañarla de una declaración responsable de contar con dichos servicios de formación y asesoramiento y un proyecto de actuación en que se describan las propuestas de actividades a desarrollar, entre otra documentación.

Y en cuanto a las funciones a desarrollar por las entidades colaboradoras, éstas deberán realizar actividades de divulgación e información, colaborar en la tramitación de expedientes administrativos, realizar actuaciones en materia de registros administrativos, servir de cauce para la cumplimentación de encuestas para la recogida de datos que precise la Administración, o elaborar sus propios estudios y análisis que sirvan de diagnóstico de asuntos cruciales para la toma de decisiones en política agraria, agroalimentaria y de desarrollo rural.

Asimismo, deberán asesorar en la suscripción de seguros agrarios y agroalimentarios, prestar la formación adecuada (cursos, seminarios, charlas, etc) de dicho ámbito, o editar y publicar libros o revistas que difundan la política agraria de Castilla y León.

«Muchas de ellas, funciones que ya estaban llevando a cabo las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunidad y que ahora verán reconocida su labor y contarán con una mayor seguridad jurídica para desarrollarla, tal y como se comprometió la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural al principio de la Legislatura», ha sentenciado.